A dos años del comienzo del juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, se acerca la fase definitoria. Ambos fueron llevados a juicio oral y público por su participación en las masivas movilizaciones del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo. En particular, por su participación en la movilización del 18, cuando la Cámara de Diputados aprobó el saqueo a los jubilados de la Argentina.

A poco de comenzar este juicio, fue la propia querella la que se retiró. Ni bien comenzaron a exhibirse las “pruebas”, el propio policía “afectado” por la movilización desistió del juicio tras comprobar rápidamente que ni Arakaki ni Ruiz podían haber sido los causantes de las lesiones. Esta evidencia muestra con absoluta claridad la persecución específica que montó la Justicia sobre la militancia de la izquierda y en particular sobre la militancia del Partido Obrero. En repetidas ocasiones se visualiza un accionar policial que irrumpe con motos, camiones hidrantes, gases y balas de goma sobre la masiva movilización, y en particular sobre las columnas de la izquierda, identificadas con sus banderas.

Las decenas de agentes policiales que pasaron a testificar en el juicio señalan al Partido Obrero en diversas circunstancias donde nuestro partido se encontraba comprobadamente en cualquier otra situación. ¿Cómo va a haber una imputación de atentado a la autoridad, cuando es “la autoridad” quien irrumpe sobre la movilización popular? ¿Cómo se pretende acusar a un trabajador de lesiones si fueron miles y miles de trabajadores los que fueron violentamente reprimidos por la gendarmería y la policía? Desde esta misma óptica rechazamos las imputaciones de “intimidación pública” cuando es el Estado quien abierta y descaradamente intimida a los trabajadores, jóvenes y mujeres que luchan por sus reivindicaciones.

En lugar de los compañeros Arakaki y Ruiz, quienes deberían estar en el banquillo de los acusados son los diputados macristas, y el propio Macri, que definieron abiertamente un curso de ataque contra los trabajadores argentinos. También Patricia Bullrich y todos los que dirigieron el plan represivo, tanto del 14 como del 18 de diciembre, que se convirtió en una verdadera cacería contra los centenares de miles de trabajadores movilizados en las inmediaciones del Congreso nacional. En lugar de esto, tenemos dos compañeros a los cuales se les pretende endilgar delitos que nada tienen que ver con haber formado parte de la reacción popular que suscitó la reforma jubilatoria y la política del macrismo en el gobierno. Tanto es así, que el desfile de policías convocados por la fiscalía a declarar como testigos tuvieron que confirmar uno tras otro que nunca habían participado de movilizaciones tan masivas como las de diciembre de 2017.

Este lunes 20 llamamos a movilizarse a Comodoro Py, a las 13 horas, para exigir la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz.