El juicio por el asesinato de José Luis Cabezas está dejando en claro que el fotógrafo fue asesinado por elementos de la policía de Pinamar, secundados por una banda de rateros que ‘trabajaban’ para ellos en la costa atlántica robando casas y pasando droga. También está quedando en claro que desde la comisaría de Pinamar se dio‘zona liberada’ para que la banda de policías y delincuentes pudiera actuar y facilitar el encubrimiento del crimen.

Pero, al mismo tiempo, es cada vez más oscuro quién ordenó el crimen y por qué. Las pistas apuntan tanto a la cúpula policial que operaba en la costa (la ‘banda de los comisarios’) y sus superiores en la Bonaerense, como al aparato de seguridad de Yabrán… Pero allí se pierden.

Todo esto es el resultado de una estrategia de encubrimiento e impunidad montada por las defensas del yabranismo y de la banda de ‘los horneros’, tendiente a culpar a Prellezo para salvar a Ríos (el jefe de seguridad de Yabrán) y a los ex jefes de la Policía Bonaerense. Su objetivo es “que no se toque a Yabrán; que no se busquen móviles que puedan rozar a los viejos jerarcas de la Policía Bonaerense; que Prellezo, un policía ya ‘entregado’, sea el mayor y único culpable (…) un pacto que no debe escapar a una virtual tregua entre los factores de poder que se esconden detrás: el yabranismo, vivo aún, y cierto sector del peronismo bonaerense” (Clarín, 27/12). El desistimiento de los abogados de Ríos a llamar a Duhalde como testigo aparece como una evidencia de este “pacto de no agresión” (Página 12, 28/12) entre el PJ bonaerense, la policía provincial, el grupo Yabrán y los norteamericanos de Exxel.

Del juicio de Dolores seguramente saldrán algunas condenas, pero su más importante consecuencia será absolver a las ‘instituciones’, sean las del Estado o las de la propia burguesía, de su responsabilidad en el crimen de José Luis Cabezas.