Tras escuchar los alegatos en el juicio seguido contra cuatro delegados del hospital Garrahan por amenazas coactivas, el Tribunal Criminal Oral N° 29 dictó la absolución de los imputados. Pero, además, ordenó la extracción de declaraciones del juicio para que se inicie una investigación penal sobre los delitos en que pudiera haber incurrido la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.

La acusación se remontaba a hechos ocurridos durante la huelga de 2005 del hospital.

El fiscal solicitó la absolución de todos los imputados. En un largo alegato, en el cual analizó toda la prueba, no pudo dejar de marcar que los funcionarios del Ministerio de Trabajo que realizaron la denuncia no lo hicieron por su propio impulso, sino bajo una orden directa de su superior, precisamente Rial, una semana después de los hechos.

A poco de haberse conocido las escuchas judiciales en las que Rial se solidariza con José Pedraza, meses después del crimen de Mariano Ferreyra, se suma ahora el resultado de este juicio. Han quedado al desnudo el carácter profundamente antiobrero de la cartera laboral, su manifiesta hostilidad a las demandas de los trabajadores y su completa comunión de intereses con la burocracia sindical.

El propio director del hospital tuvo que admitir que la denuncia contra los delegados la hizo por orden del Consejo de Administración, conformado por dos miembros del Ministerio de Salud y dos miembros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo, entonces, de Aníbal Ibarra), quienes fueron víctimas de coacciones y extorsiones fueron los trabajadores en huelga.

Además de pedir la absolución, las defensas solicitaron la extracción del testimonio de Iris Moyano, funcionaria del Ministerio de Trabajo, quien admitió haber iniciado la denuncia por orden directa de Noemí Rial, para iniciar acciones legales contra la viceministra por los delitos de acción pública que pudieran corresponder. El tribunal dio lugar a ello al dictar la sentencia.