“Un triunfo de todos los pueblos originarios que luchan y se organizan en la Argentina”: así se expresó Relmu Ñamku, una vez terminado el juicio oral y público en la ciudad neuquina de Zapala.

 

Relmu, Martín Maliqueo y Mauricio Raín habían sido acusados por la fiscal de Estado, Sandra González Taboada, por la agresión contra la notificadora judicial Verónica Pelayes. El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2012, cuando Pelayes, bajo la coacción de la jueza, fue en su propio vehículo (el día del cumpleaños de su hijo y con él en el auto), a notificar a la comunidad mapuche de un pedido de desalojo por una denuncia de la petrolera Apache.

 

El juicio formó parte de la campaña de estancieros y petroleras contra las comunidades mapuche. Creían haber encontrado una oportunidad para aplicar una sanción ejemplificadora con los recursos administrativos y judiciales del Estado. Así la fiscal aumentó la acusación inicial hasta llevarla a “intento de homicidio”, en contubernio con el abogado de Pelayes -Julián Alvarez-, un mercenario de la Sociedad Rural de Neuquén y defensor del ex juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte. Este abogado llegó a decir: “si hubiéramos querido venganza, armamos una brigada”, en clara alusión a los métodos “clásicos” de los estancieros y las petroleras que exigían una condena a toda costa.

 

Sin embargo, los testimonios de quienes estaban allí ese 28 de diciembre y la tajante definición posterior del médico que atendió a Pelayes, acerca de que su vida nunca corrió peligro, fueron derrumbando la maniobra.

 

El otro aspecto que tiene que ponderarse en este fallo es la campaña realizada en favor de la absolución. Los innumerables apoyos recibidos a los compañeros procesados y a la figura de Relmu, como mujer de pueblos originarios, actuando en legítima defensa de los derechos por la tierra.

Incluso, en medio de la campaña por el balotaje, la condena a miembros de la comunidad Winkul Newen colocaba al FpV y al MPN como impulsores de una condena aberrante a un pueblo originario.

 

Sin pruebas ni fundamentos, la fiscal cambia en el alegato final la acusación de “homicidio calificado en grado de tentativa” por la de “lesiones graves y daño agravado”, y desiste de imputar a Martín Velázquez Maliqueo.

 

El Partido Obrero y la banca del Frente de Izquierda apoyaron y acompañaron todo el proceso desde el día en que se fijó fecha de comienzo del juicio. Colocamos, en la defensa de los compañeros acusados, las bancadas conquistadas tanto en el Congreso Nacional, con los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, como de la bancada en Neuquén, a cargo de la compañera Gabriela Suppicich.

 

Señalamos desde el comienzo: “Relmu y Pelayes son víctimas. Los principales responsables son el Estado, los funcionarios judiciales y las petroleras, que no están sentados en el banquillo de los acusados. En su lugar están integrantes de la comunidad mapuche, cuyo único ‘delito’ ha sido defender sus tierras de la explotación contaminante de las petroleras”.

 

La resolución de este juicio debe ser apreciado como una victoria popular en toda su magnitud.