Absuelven nuevamente al genocida de la CNU “Pipi” Pomares

Por Pía Garralda abogada de Apel y miembro de la querella de Justicia Ya!

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata absolvió por segunda vez, el martes 9 de junio, al genocida Juan José “Pipi” Pomares.


La Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal había revocado la sentencia absolutoria de Pomares dictada por el TOF 1 el 29 de noviembre de 2017, en el juicio seguido contra él y Carlos “Indio” Castillo por su responsabilidad en secuestros, torturas, homicidios y robos perpetrados como integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización paraestatal de la derecha peronista.


Aquel día, Castillo fue condenado a prisión perpetua por el secuestro y homicidio del trabajador del Hipódromo y gremialista Carlos Antonio Domínguez y absuelto en la cauda por el secuestro y torturas de Roberto Fiandor, ambos hechos ocurridos el 12 de febrero de 1976. También fue condenado por el secuestro y homicidio del trabajador y militante Leonardo Miceli el 20 de abril de 1976. Si bien a ambos represores se los acusó por los homicidios doblemente calificados de los militantes Néstor Dinotto y Graciela Martini, y los secuestros y torturas sufridos por éstos y por Daniel Pastorino y Adelaida Barón -ambos el 4 de abril de 1976-; Pomares fue absuelto y puesto en libertad, con fundamento en el “beneficio de la duda”, declarando nulos los reconocimientos fotográficos de las víctimas por “falta de formas”.


Desde la querella de Justicia Ya! La Plata, de la cual Apel (Asociación de Profesionales En Lucha) forma parte, señalamos durante el juicio la responsabilidad política del tercer gobierno peronista en el armado del esquema represivo para el cometido de estos crímenes, tanto de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez en el gobierno nacional como del entonces gobernador provincial Victorio Calabró (de la burocracia de la UOM). Es decir, subrayamos la responsabilidad estatal y la complicidad de la burocracia sindical en la represión, y exigimos la condena de los dos represores de la CNU como coautores del delito internacional de genocidio.


Ante esta sentencia de impunidad para Pomares, un protegido del PJ (su último cargo antes de su detención fue el de asesor del diputado Musso, del FpV, en la Legislatura bonaerense) las querellas presentamos un recuso de Casación –ya que la fiscalía no recurrió el fallo, luego de haber solicitado prisión perpetua para los dos acusados. Así fue que la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió confirmar la prisión perpetua para Carlos Ernesto “Indio” Castillo y revocar la sentencia absolutoria sobre Juan José “Pipi” Pomares, y envió las actuaciones al tribunal de origen para que dicte una nueva sentencia valorando debidamente la prueba. El fallo de primera instancia fue dictado por los jueces del TOF 1 platense Alejandro Emsoris, Pablo Vega y Nelson Jarazzo, quiénes por segunda vez absolvieron a Pomares.


El nuevo fallo del TOF 1 no hace más que reafirmar los argumentos de hace dos años, cuando los cuestionamientos de las querellas fueron apoyados por la Cámara de Casación. El juez Pablo Vega opinó que es una cuestión de postura jurídica y de “independencia interna”, por la cual los tribunales superiores no pueden imponer sus criterios a los de menor instancia. Ninguno de los jueces pone en duda la pertenencia de Pomares a la CNU y su activo rol como parte de las acciones de la banda paraestatal, pero excusándose en cuestiones técnicas ponen en cuestión los valiosos testimonios de sobrevivientes directos de los hechos. Si con el fallo de 2017 se había logrado hacer reconocer que los crímenes cometidos por la CNU representan delitos de lesa humanidad pese a haberse cometido antes del 24 de marzo de 1976 -porque la banda actuaba con aquiescencia del Estado y estaba dirigida desde las altas esferas del gobierno argentino-, este nuevo fallo de impunidad significa un retroceso en el objetivo de completar las investigaciones, juzgar y castigar la totalidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante el tercer gobierno peronista.


Mientras están detenidos por la cuarentena los juicios que estaban en curso contra los genocidas, avanzan, sin embargo, los fallos de impunidad y las prisiones domiciliarias para los genocidas.


Volveremos a recurrir el fallo y seguiremos la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas

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