Un guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de la Unidad 18 de Gorina, de La Plata, fue detenido por abusar reiteradas veces sexualmente de presos que estaban bajo su custodia a cambio de “beneficios” y “buenas calificaciones en informes”. Estos hechos no son aislados, suceden a diario en las cárceles de todo el país mediante una política consciente y sistemática de destrucción física y moral de los detenidos, convertidos en “rehenes” de los guardiacárceles. Lejos está entonces el Servicio Penitenciario de garantizarle una verdadera reinserción a los internos en la sociedad.

Uno de los testimonios de los reclusos afirma que el agente atacó al detenido los días lunes, miércoles y viernes durante 2 meses y lo obligaba a masturbarlo, a que le practique sexo oral y en una ocasión lo penetró por la fuerza. “Solo lo veía por los informes que me prometió. Si no hubiese estado en juego mi libertad, no lo hubiese hecho nunca”.

Se sabe dichos informes son importantes tanto para la vida de los reclusos dentro de la cárcel como para el acceso a salidas transitorias, morigeración de penas y otros beneficios. Un mal reporte, en cambio, puede perjudicar al recluso al momento de ser evaluado por la Justicia. De esta forma, los guardiacárceles se aprovechan de la desesperación de los presos por hallar su libertad para someterlos a vejaciones de toda índole.

Cabe destacar además que los detenidos, tanto los condenados como los procesados, la mayoría ni siquiera tiene condena firme y viven en condiciones de hacinamiento, sin higiene ni atención sanitaria, sus familiares son humillados en las revisiones previas a las visitas, hambreados y sometidos a una disciplina despótica y arbitraria.

A esto se suma que todo el aparato de las fuerzas represivas del Estado se hunde cada vez más en la descomposición. Son copartícipes directo del delito organizado, se involucran en hechos de trata de personas, narcotráfico, robos, estafas e incurren en apremios ilegales, torturas y homicidios contras los pibes y las pibas de los barrios, por ser éstos los más vulnerables al accionar policial y con el objetivo de mantenerlos regimentados, algo por lo que se caracteriza principalmente la policía bonaerense de Berni.

Sin ir más lejos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) registró durante el 2021 más de 45.000 denuncias por torturas y malos tratos en cárceles de Buenos Aires y advirtió sobre el aumento del uso letal de la fuerza por parte de la policía bonaerense que generó durante ese mismo año 120 víctimas, mientras que ocurrieron 25 muertes en comisarías, el número más alto de decesos registrados en la última década en seccionales de esa provincia.

Como vemos, es entonces el propio Estado el que promueve la exclusión social de los detenidos. Nadie puede pensar que luego de una estadía en la cárcel, donde el propio Estado viola los derechos más básicos, una persona podría salir en mejores condiciones de las que entró.

A su vez, el reforzamiento del aparato represivo, es decir la inversión de recursos en más uniformados en las calles, como piden los liberfachos o Patricia Bullrich y que llevan adelante Kiciloff y compañía, no contribuyó ni lo hará en disminuir la delincuencia sufrida por los trabajadores, porque estructuralmente las fuerzas represivas del Estado forman parte de la misma.

Para combatir el delito hay que desmantelar el aparato represivo del Estado y proceder a la elección y revocabilidad por voto popular de jueces y fiscales para castigar a todos los responsables materiales y políticos de estas atrocidades que se viven en las cárceles. Para garantizar las condiciones de detención, los organismos de DD.HH tienen que controlar que las cárceles cumplan con condiciones dignas.