Esta mañana, el Partido Obrero y otras organizaciones nos movilizamos a tribunales de Comodoro Py para reclamar el sobreseimiento de los militantes César Arakaki y Dimas Ponce ante la audiencia prevista con la sala II de la Cámara de Apelaciones.

Las abogadas de Arakaki y Ponce, Claudia Ferrero y Liliana Alaniz, de Apel, acudieron acompañadas por familiares de los compañeros, dirigentes del PO y representantes de  organismos de derechos humanos. Entre otros, estuvieron presentes Jorge Altamira, Néstor Pitrola, Marcelo Ramal, Vanina Biasi, Nora Cortiñas, Fabio Basteiro, María del Carmen Verdú, Myriam Bregman, Alejandrina Barry, Diana Kordon y Claudio Lozano. También acercó su solidaridad Ramón Cortés, injustamente condenado a prisión perpetua, junto a otros trabajadores, por el crimen del policía Jorge Sayago, ocurrido en 2006, en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz.

“Nuestro alegato tuvo dos ejes”, resumió la abogada Alaniz. “Uno político, porque contra lo que dice el procesamiento que dictó el juez Torres, fue el gobierno, a través de la policía y de un vasto operativo represivo, el que pretendió infundir temor entre la opinión pública para evitar una movilización que de todos modos reunió a 300 mil personas. Y un segundo aspecto, más técnico, en el cual demostramos que el juez tergiversó la prueba para sostener la acusación, refutamos los cargos contra Dimas y César y rebatimos la calificación de los delitos que se les imputa”.

El fiscal de feria ante la Cámara, Carlos Rívolo, había apelado el procesamiento sin prisión preventiva y pedido que nuestros compañeros fueran acusados de ´rebelión´ y volvieran a la cárcel. No participó de la audiencia oral, pero las abogadas también refutaron sus pretensiones ante los jueces. “Rívolo intentó rescatar la acusación de Torres, quien confiesa en su dictamen de procesamiento que no tiene pruebas de que Dimas y César hayan ocasionado lesión alguna al policía Escobar. Pretende continuar la línea de criminalización de la protesta que dicta la Casa Rosada”.

“Esta no fue solamente una instancia judicial sino una instancia de lucha política”, refirió Marcelo Ramal, dirigente del PO, en un acto realizado a la salida de la audiencia. “Nuestras abogadas demolieron los argumentos del procesamiento y pusieron de manifiesto que detrás de esto había un plan para hacer pasar a sangre y fuego un robo de 100 mil millones de pesos a los jubilados. La pretensión del gobierno era vaciar la plaza, para que este robo pasara sin la imagen del repudio de una plaza repleta. En la figura de César y Dimas se quiere criminalizar la movilización y la protesta contra este atropello. Vamos a llevar el reclamo del sobreseimiento de los compañeros en todas las instancias de lucha, empezando por la movilización del próximo 21, a la que acudiremos en una columna independiente del sindicalismo combativo”.