Salvador Sánchez, el abogado de las compañeras, ha denunciado que Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Andino, presas políticas paraguayas, han sido trasladadas el 6 de mayo desde el penal de máxima seguridad Martín Mendoza hacia el Complejo de Mujeres de Emboscada, una cárcel de máxima seguridad. Ambos complejos están en el mismo lugar geográfico.

Según informa Salvador, las tres compañeras fueron trasladadas con la misma metodología que hace un año y ocho meses, cuando las llevaron al penal de Minga Guazú y luego al de Martín Mendoza: en celdas aisladas y habiendo sido despojadas de las pertenencias, alimentos, artículos de higiene y medicamentos que les habían ido acercando durante este tiempo. A través de su abogado, Carmen denuncia que están en peores condiciones de salud, ya que el centro penitenciario está en construcción y se volatilizan sustancias químicas que le han provocado graves problemas médicos, debido a su enfermedad alérgica de base. Carmen tuvo que pelear por su inhalador y recién cuando fue trasladada al sector de sanidad por una dificultad respiratoria aguda le permitieron tenerlo, pero en la siguiente requisa se lo quitaron.

Las condiciones empeoran cada vez

Desde septiembre de 2024, fueron trasladadas al Penal de Minga Guazú, un penal de máxima seguridad (según el gobierno paraguayo, destinado a recluir narcotraficantes), donde fueron las primeras mujeres presas allí. Carmen y Francisca fueron trasladadas desde el Buen Pastor y Laura desde la penitenciaría de San Juan Bautista, ambos penales comunes.

Desde ese momento las mantuvieron aisladas en celdas individuales, con escaso acceso al agua potable y escasa comida, salvo la que se les hace llegar desde fuera. No pueden tener contacto con otras internas ni entre ellas y son sacadas solo una hora diaria al exterior, encapuchadas con unas bolsas que se rotan entre todos los internos y que muchas veces les provocaron enfermedades. La falta de actividad física les produce deterioro y no tienen luz para leer. Es decir, desde hace 20 meses están sometidas a un régimen de tortura y aislamiento.

Solo se les permite una visita una vez al mes, con muchos requisitos previos hacia el o la visitante que las dificultan. Deben recibir la visita aisladamente, no de conjunto.

Hace dos semanas, sin aviso a sus defensores, fueron trasladadas a este otro penal, cercano al que estaban, donde se encuentran en condiciones absolutamente peores. Desde hace dos años se vienen deteriorando y agravando sus condiciones de detención en un marco de tortura, ahora sin acceso a los medicamentos que reciben y habiendo perdido todos los elementos de confort que tenían. Cada vez que las trasladan de un penal a otro, las pocas cosas que tienen para mejorar su calidad de vida no las pueden llevar; por lo tanto, hay que proveerlas de nuevo. Durante todo ese tiempo, hasta que las organizaciones solidarias o los abogados pueden acercarles los elementos imprescindibles para la alimentación, higiene y salubridad, están en condiciones infrahumanas.

A su vez, la Fiscalía de Paraguay pretende garantizar la impunidad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), sosteniendo la falsa versión de la “legítima defensa” en el operativo donde fueron asesinadas las niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, hijas y sobrinas de Carmen y Laura, en septiembre de 2020.

El régimen colorado, el sueño de Milei

El gobierno de Santiago Peña, del Partido Colorado —el partido del dictador Alfredo Stroessner, que gobierna la República de Paraguay desde 1954, solo interrumpido entre 2008 y 2012—, es un gobierno oligárquico, de la derecha conservadora y profundamente antidemocrático, alineado con Trump y admirado por Javier Milei, quien considera a Paraguay como un modelo de país. Es lo que quiere La Libertad Avanza (LLA) para Argentina: trabajadores con escasos derechos y empresarios y terratenientes cada vez más poderosos.

Santiago Peña y su régimen gobiernan para la clase capitalista paraguaya, subordinada completamente a los planes imperialistas mediante "acuerdos de cooperación", "asesorías" y presencia militar norteamericana, lo que incluye la base militar de General Estigarribia en el Chaco.

Este régimen del gobierno colorado mantiene a más de 50 presos políticos, la mayoría campesinos, detenidos cuando luchaban por su derecho a la tierra; algunos desde hace muchos años y en las mismas condiciones de aislamiento y tortura que las compañeras.

Es muy importante la campaña de solidaridad internacional por condiciones humanas de detención, por la libertad de Carmen (que ya cumplió su condena), Laura y Francisca y la aparición con vida de Lichita. Sería de vital importancia que el pueblo trabajador paraguayo, sus organizaciones obreras y populares, y las y los activistas democráticos alcen la voz por la libertad de las presas y los presos políticos en Paraguay, para que pueda ser una antorcha que abra una brecha ante el régimen represor y oligárquico de Santiago Peña y el Partido Colorado.

Desde el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras llamamos a la más amplia solidaridad internacional para romper con el silencio con el que son torturados las y los luchadores paraguayos.