El negacionismo de la dictadura esgrimido por altos funcionarios del Estado ha recibido un luminoso golpe con la aparición de la nieta n° 129, que refuerza la lucha popular por el juicio y castigo a los genocidas.

Abuelas de Plaza de Mayo informó que se trata de la hija de la desaparecida Norma Síntora, nacida en cautiverio y apropiada ilegalmente. La joven podrá ahora reencontrarse con su padre, Carlos Alberto Solsona, quien viajó desde Córdoba para la ocasión junto a sus dos hijos, Marcos y Martín.

Norma y Carlos Alberto son oriundos de esa provincia y militaban en el PRT-ERP. Luego de una larga amistad, formaron pareja y se casaron en 1975, teniendo a su primer hijo, Marcos, al año siguiente. Norma fue secuestrada el 21 de mayo de 1977, con un embarazo de ocho meses, junto a sus compañeros Isolina Beatriz Rocchi y Rubén Castro –quienes también se encuentran desaparecidos. Carlos se encontraba fuera del país y debió permanecer en el exilio, y se reencontraría con Marcos –criado por sus abuelos- al cumplir este 10 años.

Por haber sido detenida en la localidad bonaerense de Moreno, se presume que Norma pudo haber estado detenida en Campo de Mayo, y haber parido en una de las maternidades de ese centro clandestino de detención.

Luego de las primeras informaciones y documentaciones recibidas en 2012, que incluían una partida apócrifa de nacimiento firmada por un médico de la Policía Federal, Abuelas contactó a la joven, que vive en España. Tras un largo periplo, y con el acompañamiento de un amigo, la nieta estuvo en el país hace dos semanas y aceptó realizarse el examen de ADN que confirmó su identidad.

La noticia fue recibida con enorme entusiasmo por el movimiento popular.

Para reforzar la incesante lucha por recuperar a los centenares de niños apropiados ilegalmente por los milicos, es preciso que se satisfaga un reclamo histórico del movimiento popular: la apertura de los archivos secretos de la dictadura, que los sucesivos gobiernos democráticos han mantenido bajo llave. En 2008, se reclamó al Estado que diera publicidad a 478 decretos secretos de la dictadura; el kirchnerismo, mientras anunciaba con bombos y platillos una supuesta “desclasificación” de archivos, primero se negó al pedido y luego apeló la demanda judicial en ese sentido, arguyendo razones de “seguridad estatal” y “defensa”. Esta política de ocultamiento ha continuado bajo el macrismo, interesado en la reinstalación de los militares en tareas de seguridad interna; y la denuncia recién tuvo un fallo favorable de la Corte Suprema el mes pasado (Clarín, 7/3), luego de años de dilaciones judiciales.

Bienvenida nieta 129. Vamos por el castigo de los genocidas y la apertura de los archivos del régimen apropiador.