El gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz ha montado una causa judicial contra tres trabajadores docentes –Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquin y Diego Barrionuevo- que participaron de una manifestación afuera de la residencia gubernamental el 21 de abril de 2017, cuando se encontraba allí la mandataria provincial junto con CFK.

Las protestas por ese entonces estaban precedidas por paros y movilizaciones reclamando el pago en tiempo y forma de los haberes, y por la apertura de paritaria salarial para los estatales. Los trabajadores de Santa Cruz venían de un 2016 agitado, con acampes y cortes de ruta contra el congelamiento salarial con el cual había iniciado su gestión Alicia Kirchner en 2015 -cuando declaró que la provincia estaba en quiebra y por lo tanto se encontraba en emergencia económica. A esta lucha, sin respuestas por parte del gobierno, se sumó la protesta de los jubilados que empezaron a cobrar sus haberes muchísimo más tarde a lo que se estipulaba, lo cual generó que estos tomaran en determinado momento la Caja de Previsión Social. El malestar social sacudía a la provincia, con un sistema de salud colapsado y edificios educativos que se caían a pedazos; la falta de clases generó que los padres también se organizaran y participaran de las asambleas abiertas en conjunto con los trabajadores.

La protesta  del 21 de abril  fue un hecho espontáneo: la convocatoria llegó a oídos de todos cuando se conoció que Alicia y CFK estaban reunidas, la gente caceroleó afuera y cantó contra las políticas de ajuste y para reclamar a la gobernadora  que deje de ignorar a los trabajadores. Aquella noche se montó una provocación, con un portón que “se abre” y luego una línea de policías que sin haber sido agredida se retira del lugar, hasta la intervención posterior y brutal de la Infantería que no pudo detener a nadie -porque los manifestantes se retiraron por sus propios medios, para evitar una situación de mayor violencia-, y se cobró varios periodistas heridos.

Alicia gusta posar como “progresista” pero tiene el triste récord de haber bajado a la mitad (o más) el valor real de los salarios en la provincia, instalando el déficit “cero” antes que Macri. En el plano represivo todavía debe responder por los balazos en las piernas de una dirigente docente en diciembre de 2017 y por el ojo que fue arrebatado por las balas de goma a un manifestante municipal en junio de 2016. Para completarla, utiliza la justicia con el fin de criminalizar las protestas y atemorizar a los trabajadores que sin dudas volverán a las calles, a la lucha por recuperar un nivel de vida que el gobierno “nacional y popular” le ha robado, empujando a muchos miles a la pobreza.

No estamos ante una causa que busque asegurar el orden jurídico, sino ante una causa netamente política, que intenta criminalizar sentando en el “banquillo” a probados y honestos dirigentes de tantísimas luchas sociales en nuestra provincia.

El procesamiento de Valentín, Barrionuevo y Wasquin ha sido reclamado por el fiscal de Estado y fogoneado por algún medio de comunicación ligado al gobierno, que varias veces hizo “tapa” con esta causa “armada”, sin pruebas ni acusaciones claras.

La indagatoria a los compañeros se produce en un cuadro de reforzamiento represivo en el país, cuando el gobierno de Mauricio Macri legaliza el gatillo fácil y avanza en la militarización de las huelgas aeronáuticas.

Las organizaciones gremiales se han pronunciado en contra de este nuevo ataque judicial que no es nuevo en Santa Cruz, que ya tiene un historial de más de 400 procesados por luchar y enjuiciados –entre ellos los petroleros de Las Heras, condenados en diciembre de 2013 a prisión perpetua por un crimen que no cometieron. Los jueces del régimen kirchnerista actúan rápidamente para procesar trabajadores mientras tienen fallos infames que dejan en libertad potenciales femicidas.

Este viernes 7 de diciembre la gremial docente provincial Adosac, la CTA Autónoma y también el Partido Obrero convocamos a estar afuera del juzgado para acompañar a los docentes llamados a indagatoria y contra la criminalización de la protesta social.