En el contexto de un brutal e histórico ajuste a la educación y al salario de los docentes, el gobierno nacional continúa su ofensiva efectuando allanamientos a trabajadores.

ADEIUNAJ (sindicato de docentes de la Universidad Arturo Jauretche, UNAJ) expresó en un comunicado que el pasado 14 de agosto, tras llamadas telefónicas intimidatorias de la Prefectura naval, las fuerzas irrumpieron en un operativo desmedido en el domicilio de un docente de la UNAJ, quien además se desempeñó como profesor en la Universidad de Quilmes (Unqui), solicitando documentación que incluía recibos de sueldo desde el año 2006 hasta el 2015, que fueron entregados de manera inmediata.

Este suceso no es un hecho aislado, sino que responde a una denuncia realizada hace años atrás bajo el gobierno macrista cuando por orden del juez Luis Armella, del juzgado federal de Quilmes, se realizaron acciones de este brutal estilo también a diversas organizaciones sociales en causas armadas de lo que se llamó la “Gestapo sindical”, título generado luego de que el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijera desear una Gestapo para armar causas contra gremios, durante una reunión con empresarios. 

Nada es casual: durante la misma semana del allanamiento, y en medio de una crisis de desfinanciamiento que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales, se votó en la Cámara de Diputados la ley sobre esencialidad educativa, en un intento de inhibir el derecho a huelga que ha permitido a la comunidad educativa ponerse en pie de lucha.

ADEIUNAJ y el centro de estudiantes deben convocar a una asamblea conjunta para votar un plan de lucha y repudio a esta avanzada represiva.

Diputados dio media sanción al proyecto que prohíbe el derecho a huelga de la docencia

“La responsabilidad de la crisis la tienen los partidos que vienen gobernando”, denunció Vanina Biasi, diputada de la izquierda. –

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