El viernes 11, el juez Sebastián Cassanello ordenó el allanamiento del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, en el marco de la causa conocida como Proyecto X. Este operativo se realiza muchos meses después que los querellantes en la causa pidiéramos que se cite a indagatoria a la ex ministra de Seguridad Nilda Garré y al ex jefe de gabinete y actual senador nacional Aníbal Fernández, como responsables de un verdadero plan nacional de inteligencia ilegal de larga duración.

Esta y otras numerosas medidas de prueba fueron presentadas en marzo. Recién ahora Cassanello dispuso esta pesquisa. El resultado del nuevo allanamiento, de ser positivo, constituirá una nueva prueba de lo que sistemáticamente se viene denunciando. No solamente el Proyecto X existe sino que tiene plena actividad.

En una causa contra un delegado de la fábrica Alicorp -ex Jabón Federal-, iniciada este año, se detectó que la Gendarmería brindó datos sobre su cargo gremial y filiación política, de manera similar a lo sucedido en la causa de los delegados de Kraft que dio origen a la investigación.

Decenas de dirigentes políticos y sociales figuran en los archivos de esta red de espionaje orquestada por el kirchnerismo. En el momento de la denuncia, el juez que estaba a cargo, Norberto Oyarbide, realizó un operativo similar con la Policía Federal.

En aquella oportunidad, la llegada de Oyarbide a Campo de Mayo en helicóptero tuvo características cinematográficas, pero el operativo que se realizó no sólo fue defectuoso; además, todo indica que la información sobre la medida se filtró. Por esa razón, durante ese primer allanamiento se secuestraron escasos archivos.

Posteriormente, pudimos constatar que mucha información había sido eliminada de las computadoras 48 horas antes del allanamiento. Ahora, con más de un año de demora, el juez Casanello ordena una nueva pesquisa, para la que hemos demandado mayores precisiones en la búsqueda de información y la identificación de quiénes tienen acceso y responsabilidad sobre esos archivos. Esta vez, la medida quedó en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Recordemos que la PSA fue beneficiada, desde la asunción de Milani, con partidas presupuestarias destinadas a la adquisición de nueva infraestructura de "inteligencia", en plena división y crisis del aparato de espionaje estatal, luego de que el gobierno constatara el giro de los caudillos de la Side hacia sus opositores.

La existencia del Proyecto X fue reconocida por el propio jefe de la Gendarmería, comandante Héctor Schenone, quien admitió que la fuerza a su cargo sostiene una base de datos personales de dirigentes sindicales y políticos elaborada principalmente a través de la infiltración ilegal de personal civil en manifestaciones, asambleas y otras actividades.

Los organismos de derechos humanos independientes del gobierno y organizaciones políticas y gremiales de todo el país, llevamos esta denuncia a los estrados judiciales junto a las movilizaciones populares contra el espionaje oficial.