Alperovich y todo su régimen en la picota

El crimen de Paulina Lebbos

La investigación del crimen de Paulina y toda la trama de encubrimiento político, judicial y policial que durante siete años mantuvo completamente paralizada la causa ha pegado un vuelco.


En todos estos años la causa estuvo clausurada hasta el punto que al propio Alberto Lebbos, siendo querellante, el fiscal a cargo no le permitía tener acceso a la misma.


Fueron las denuncias de estos hechos, pero también el cuadro de conmoción popular que produjo el fallo absolutorio en la causa Marita Verón (diciembre de 2012), y una ola creciente de crímenes con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad, lo que llevaron a que desde el Ministerio de Justicia de la Nación tomaran intervención en la causa Paulina.


En su informe, el abogado designado, Lobo Bugueau, fue lapidario contra el fiscal Albaca, a cargo de la causa, lo que obligó a dicho fiscal a presentar la renuncia.


En su reemplazo, el actual fiscal, López Avila, le imprimió otro ritmo y metodología a la investigación. Una de las medidas implementadas, el cruce de las llamadas telefónicas, determinó la detención de dos personas que habían usado el teléfono de Paulina cambiándole el chip.


Luego, fueron detenidos el ex subjefe de la policía de la provincia, Nicolás Barrera, y el ex jefe de la Regional Norte Rubén Brito, que tenía a su cargo la jurisdicción donde se encontró el cadáver de Paulina, acusados ambos de haber tomado medidas que llevaron al encubrimiento del crimen.


Cuando dejó su cargo -en 2011-, Barrera fue nombrado asesor en el gabinete del gobierno. Brito, a su vez, apareció también denunciado en la causa Marita Verón, pues fue el primer jefe policial a cargo de la investigación.


Estas detenciones, además, se producen en vísperas del comienzo del juicio oral contra tres policías acusados de haber adulterados las actas del hallazgo del cuerpo de Paulina. Estos jefes policiales fueron trasladados de su zona y premiados en su oportunidad con importantes ascensos. Pero fueron estos policías, según ha trascendido, quienes aportaron los elementos que llevaron a la detención del ex subjefe Barrera y del ex comisario Brito.


Si esto se confirma, se habría roto el pacto de silencio que durante estos años mantuvo sellada la investigación. Siguiendo estos hilos, todos van al mismo ovillo: el poder político de la provincia, encarnado en Alperovich.


La causa Paulina concentra hoy todos los elementos de la crisis política, que vuelve a poner en el tapete a un régimen en descomposición, donde todos los aparatos del Estado (las fuerzas de seguridad, los funcionarios, etc.) están entrelazados con las mafias vinculadas con las redes de trata, el negocio del juego privado y el narcotráfico. La situación plantea la necesidad de profundizar la movilización independiente, que se viene llevando adelante en estos siete años, hasta lograr que el crimen de Paulina se esclarezca, sus responsables vayan a la cárcel, al igual que todos los responsables del encubrimiento, comenzando por el propio gobernador Alperovich.


Con esta perspectiva, desde la Comisión de Familiares Victimas de la Impunidad y el Partido Obrero, se ha llamado a una concentración para el miércoles 4 de diciembre frente a los Tribunales, cuando comience el juicio a los policías de Raco.