Desde octubre del 2002, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel se esfuerza por desenmascarar el Proyecto Minero del Cordón Esquel que consiste nada más y nada menos que en un proyecto destinado a profundizar la crisis social y ambiental que sufre todo el pueblo argentino.

De los mil millones de dólares en oro y plata que se llevará Meridian Gold nada quedará para nuestro país. A Esquel sólo le espera un futuro de aguas contaminadas con cianuro y metales pesados, mayor desocupación y la desaparición de la economía agroganadera, turística y forestal.

Este será sólo el comienzo del destino que nos quieren imponer para toda esta región patagónica.

Quienes no aceptamos este atropello, quienes mostraron los ejemplos de otros lugares mineros del mundo con los efectos de los drenajes ácidos y la utilización del cianuro, quienes defendemos el agua como fuente de vida y de riqueza de nuestra región, quienes denunciamos este proyecto como parte del saqueo de nuestro país que se realiza en connivencia con los gobernantes de turno, somos amenazados, intimidados y perseguidos.

Vecinos de Esquel recibieron amenazas e intimidaciones: durante los meses de diciembre de 2002 y febrero del 2003 se produjeron los siguientes casos: Marta Sahores, licenciada en Química, docente de la Unpat sede Esquel; Silvia González, farmacéutica, docente de la Unpat sede Esquel; Lucas Fossatti, docente de nivel primario; Matilde Lenzano, concejal del Frente Grande; Flavio Romano, médico pediatra; Tomás Ocampo, docente; Susana Chacón, médico psiquiatra; Leonardo Ferro, geólogo, docente de la Unpat, perito en la causa de Amparo Ambiental; Javier Romero, empleado municipal; Guadalupe Gómez, estudiante; Marcela Mansilla, militante católica barrial; Antonio Pontoriero, programador de radio; Juan Carlos Ortega, empleado; Mariela Masacesse, docente y artista plástica; Sandra Carrazzoni, traductora de portugués e inglés y docente; Gustavo Macayo, abogado de la causa de Amparo Ambiental, docente de la Unpat; Lino Pizolón, biólogo, docente de la Unpat.

Persecuciones contra militantes del No a la mina: el concejal (Ucr) Sergio Ongarato denunció en fiscalía por amenazas al licenciado Leonardo Ferro y al Dr. Edgardo Gómez al día siguiente de que estos vecinos se reunieran con todo el Concejo Deliberante. Mientras esta reunión se realizaba, para transmitirles su demora en pronunciarse sobre el proyecto minero, cientos de vecinos se concentraban en la calle.

Algunas consideraciones: Si bien no podemos afirmar taxativamente el origen y los responsables ideológicos o materiales de esta cantidad de hechos, entendemos claramente que los mismos podrían ser parte de una estrategia planificada para amedrentar a los vecinos y a toda una comunidad que reclama ser escuchada, y que se ha expresado en el marco de la legalidad haciendo uso de su derecho a manifestar y peticionar ante las autoridades.

Esta primera aproximación a un análisis, se sostiene en el estrecho vínculo que se evidencia entre el poder económico de la empresa cuyo proyecto se ve cuestionado y rechazado; el poder económico de ciertos empresarios locales que ya poseen acuerdos comerciales con la empresa, y también con el poder político provincial y municipal que en mútiples declaraciones y acciones demuestran que son impulsores del proyecto minero, inclusive actuando como “accionistas o gerentes” de la empresa en lugar de representantes de una comunidad.