Carlos “el Sueco” Lorkipanidse, ex detenido de la ESMA, y Patricia Walsh, con el patrocinio de Liliana Alaniz de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), realizaron una presentación en la justicia para que se revoque la prisión domiciliaria otorgada la semana pasada al genocida Carlos Capdevilla, partícipe de los crímenes de la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada.

La situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus fue la excusa para que numerosos condenados por delitos de lesa humanidad solicitaran el beneficio de la prisión domiciliaria (de la que, por otro lado, ya gozan el 70% de los genocidas).

La presentación –que reproducimos al final de la nota- fue acompañada con la firma de siete madres de Plaza de Mayo, 43 organizaciones de Derechos Humanos, 62 movimientos sociales y partidos políticos, 362 firmas individuales y 28 firmas enviadas desde el exterior. La recolección de estas más de 500 firmas expresan el amplio repudio que generó la medida.

Capdevilla, como se señala en el texto, es “autor de aberrantes delitos contra la humanidad, cometidos en su condición de médico militar, partero, torturador, asesino y apropiador de bebés nacidos en cautiverio”. Su condena es producto de más de 40 años de lucha contra la impunidad, que hoy continúa con el desconocimiento de la identidad de cientos de niños apropiados.

Exigimos que se deje sin efecto esta medida. El único lugar para los genocidas es la cárcel.