A comienzos de 2015, el Partido Obrero de Formosa y sus dirigentes Fabián Servin, Sergio Pasuk y Natalia Coronel denunciaron penalmente al gobernador Gildo Insfrán por realizar tareas de espionaje sobre el PO, sus militantes y otros partidos, así como a organizaciones políticas.

El escándalo salió a la luz cuando se filtraron más de 200 mails con informes policiales que reportaban directamente al gobernador Gildo Insfrán, dando cuenta de una enorme red de espionaje contra dirigentes opositores, periodistas, dirigentes sociales y organizaciones indígenas como la comunidad qom “La Primavera” y a los dirigentes wichi.

Durante este año de “investigación”, la Justicia federal, con asiento en Formosa, tuvo nula actividad. La única medida que llevó adelante fue llamar a los compañeros para que ratifiquen la denuncia.

Los jueces no se pronunciaron sobre los pedidos de allanamientos a la policía de Formosa ni se requirieron los informes a los servidores de Internet por los cuales circulaban los mails que la policía remitía a Insfrán y él mismo contestaba desde su propio teléfono. No se realizaron ninguna de las medidas de prueba que solicitamos.

El fiscal, por su parte, tampoco impulsó ninguna investigación y, al cabo, solicitó el archivo de la denuncia legitimando a los espías, argumentando que, como los militantes “eligieron desplegar actividades partidarias… no se establece menoscabo o intromisión en el ejercicio de sus funciones”. Temerario. La ley 25520 prohíbe la infiltración, espionaje y recopilación de información de actividades partidarias “en la vía pública”. Pero, además, la infiltración también se realizó en la casa de un compañero, como consta en los mails que presentamos como prueba, donde hay reportes de reuniones en domicilios particulares.

Los pasos judiciales indican que el mismo juez será quien resuelva la concesión (o no) del recurso, y en su caso, quedará a cargo de la Cámara de Apelaciones resolver que vuelva a investigarse.

Seguiremos librando batalla dentro y fuera de los tribunales por las libertades democráticas y por el desmantelamiento del aparato de espionaje y delación estatal.