Acompañadas por una importante delegación de militantes del Partido Obrero y de representantes de otras fuerzas políticas, las abogadas defensoras de Cesar Arakaki y de Dimas Ponce presentaron esta mañana en Comodoro Py un recurso de casación contra el fallo de la Cámara de Apelaciones, que ordenó la prisión preventiva de ambos militantes, y reclamaron su sobreseimiento. Estuvo presente Juan Carlos Giordano (IS), Razón y Revolución y el FOL y enviaron sus adhesiones Mónica Macha (Nuevo EncuentroFpV) y el bloque del Peronismo para la Victoria, integrado por Leo Grosso, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra y Silvia Horne.

"El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones es arbitrario”, señaló la abogada Liliana Alaniz, integrante de Apel, una de las defensoras de Arakaki y Ponce. “En las diferentes instancias, se fueron rebajando los delitos que se les atribuyen a los compañeros, hasta llegar a tipos penales que son excarcelables y con penas muy bajas, de un máximo de cuatro años. Es insólito, por lo tanto, que la Cámara de Apelaciones dicte la prisión preventiva de César y de Dimas para que esperen detenidos el fin de la investigación. Podrían pasar más tiempo presos que lo que podría significar una eventual condena".

"Se suma a la arbitrariedad del fallo el hecho de que el juez de instrucción acaba de cerrar la investigación por lo tanto, encima, el pedido de preventiva ya resulta abstracto", remarcó la abogada defensora.

El escrito presentado califica el dictado de la prisión preventiva como “una pena anticipada”, basada en “una posición discriminatoria, sesgada y prejuzgatoria”.

“Este castigo anticipado, a pesar que los jueces afirmaron que no está en juego el derecho a manifestarse, esconde una advertencia a todo aquel que quiere protestar ante la afrenta a sus derechos”.  

El texto también señala que ni el juez Torres –que  dictó los procesamientos de Arakaki y Ponce– ni la fiscalía ni la Cámara de Apelaciones pudieron establecer vínculo alguno entre ellos y “el resto de los agresores”, como los denominó el tribunal. “Los jueces de cámara simplemente se limitaron a invocar entorpecimiento de la investigación. ¿Pero de qué modo? La existencia de peligro procesal, es importante destacarlo, no se presume”, destaca el texto. Las abogadas de los militantes del Partido Obrero criticaron que los jueces no tuvieran en consideración “la acción desenvuelta por el Estado, el comportamiento policial durante los acontecimientos [del 18 de diciembre] -expediente que, además, le es vedado a esta defensa”.

“César y Dimas fueron parte de una manifestación de 300.000 personas, que coparon todas las zona del Congreso para decirle a los legisladores que no queríamos que aprobaran la ley de reforma previsional, por eso el ataque que se está siguiendo contra ellos por el objetivo de amedrentar al conjunto del pueblo trabajador para que no se levante contra las políticas de ajuste”, apuntó Vanina Biasi, dirigente nacional del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, de la entrada de tribunales.

“Se presenta acá una contradicción flagrante que no tiene casi antecedentes jurídicos, que es una prisión preventiva por un delito que en caso de ser condenado no merecería prisión”, destacó el ex diputado nacional del PO-FIT, Néstor Pitrola. “Vamos a reforzar la campaña política por el desprocesamiento de César, de Dimas, de todos los compañeros que han quedado procesados y presos por el 14 de diciembre. Tenemos que defender el derecho de la clase obrera a luchar contra el conjunto de la ofensiva contra los trabajadores, el plan de guerra de Macri y los gobernadores”. 

César Arakaki y Dimas Ponce estuvieron detenidos 26 días en Marcos Paz y 15 en Ezeiza, respectivamente, tras participar de la movilización del 18D, contra el robo de 100 mil millones de pesos a los jubilados y beneficiarios de la AUH. 

Inicialmente, se los imputó por lesiones graves contra el policía Brian Escobar y hasta “atentado contra la democracia”, pero luego, a la hora de dictar su procesamiento, el juez Torres y la Cámara de Apelaciones atenuaron los cargos. Sin embargo, la Cámara determinó que debían volver a prisión mientras se sustanciaba la investigación, la cual –dicho sea de paso–, a más de dos meses de los hechos, no ha reportado ninguna otra novedad.