Por un dictamen del fiscal porteño Federico Tropea presentado a la jueza María Lorena Tula del Moral, se resolvió archivar las acusaciones contra 17 de los 26 detenidos en la represión a la movilización contra el presupuesto de ajuste en octubre pasado, entre ellos los cuatro extranjeros víctimas de un enorme operativo mediático, judicial y gubernamental.

El fiscal consideró que no existen pruebas entre los registros fotográficos y en video que prueben las imputaciones de daños, resistencia y atentado, y está previsto que dictamine en igual sentido con los restantes acusados en la causa.

“Esto muestra el carácter totalmente arbitrario de las detenciones y del armado de la causa. Lo que buscan es criminalizar la protesta social. Es un modus operandi del gobierno: el mismo que usaron tras la represión de las marchas contra la reforma previsional y por Santiago Maldonado, con procesamientos y detenciones sin pruebas”, señaló a Prensa Obrera Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha. Tal fue el caso de Dimas Ponce y César Arakaki, que estuvieron apresados por varias semanas por su participación en la marcha del 18D contra la reforma previsional, con acusaciones que se probaron falsas.

El archivo de la causa constituye asimismo un revés –aunque no definitivo, porque deja abierta la posibilidad de reabrir la causa- para la infame campaña librada por el gobierno contra los extranjeros, que combinó un sinfín de infundios conspirativos con la demanda de un “juicio abreviado” para “poder expulsarlos del país lo más rápido posible”. Tras la detención, el gobierno echó mano del identikit que fabricó en los medios de los detenidos para alimentar su campaña por una reforma migratoria xenófoba, digna heredera de la Ley de Residencia de la primera mitad del siglo XX, que lo habilite a deportaciones exprés que avasallan los derechos más elementales de los migrantes -como exhibe la reciente expulsión arbitraria de la peruana Vanesa Gómez y su hijo de dos años. Lo propio hicieron sus socios opositores, como el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto.

Los extranjeros –como los menores – son los chivos expiatorios del poder político del país y las provincias, responsable de una descomunal crisis social. En la Ciudad de Buenos Aires, ámbito de las cacerías sistemáticas contra comerciantes senegaleses, una reciente resolución firmada por el fiscal general porteño Luis Cevasco insta a los fiscales a comunicar “a la Dirección Nacional de Migraciones toda imputación penal que exista contra una persona de origen extranjero” y a ofrecer a los migrantes el archivo de causas si se acogiesen a su expulsión del país (Página12, 20/2).

Por lo demás, los que han estado desde el minuto cero fuera del accionar de la justicia son los policías y sus mandantes, responsables de un sinfín de atropellos contra los presentes en Congreso en esas ocasiones. Los protege el gobierno de la doctrina Chocobar, la reinstalación de las Fuerzas Armadas en la represión interna y los ataques sistemáticos a las movilizaciones por pan, tierra y trabajo.

Se plantea la movilización por el cierre definitivo de la causa contra los detenidos y la investigación del accionar de la policía en la cacería a los manifestantes; el fin de la persecución a los migrantes y la derrota de la política represiva del gobierno y sus cómplices.