El hallazgo fue realizado la semana pasada dentro de un placard en la Secretaría de Planificación de la Agencia Federal de Inteligencia (Ex Side), una de las tres áreas dispuestas meses atrás por la nueva interventora del organismo, Cristina Caamaño.

El elemento encontrado es un libro de 77 páginas que contiene más de 500 fotos y nombres de “objetivos” perseguidos por la dictadura. El mismo fue identificado con el logo de la Jefatura II de Inteligencia, organismo del cual dependía el Batallón 601, conocido por sus atrocidades.

Dentro del álbum se encuentra una inscripción que reza que “el presente álbum tiene como finalidad servir para la detección, identificación y posterior neutralización de personal y material utilizado con fines subversivos”, prueba fundamental en la demostración del plan sistemático de persecución y desaparición forzada de personas consideradas “subversivas” llevado a cabo por todo el aparato estatal.

En sus páginas se encuentran “integrantes de la conducción de Montoneros como Roberto Perdía u Horacio Campiglia, quien fue secuestrado en marzo de 1980 en Brasil y entregado a los militares argentinos. Dentro de los blancos están el poeta Juan Gelman o el actor Norman Briski, así como abogados ligados a la defensa de los presos políticos y a la denuncia en el exterior de los crímenes de la dictadura como Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Mattarollo e Hipólito Solari Yrigoyen. También figuran dos de los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew como Ricardo René Haidar y Alberto Camps. Los hijos de Camps jamás habían visto la foto de su padre que consta en el registro que se encontró en la ex Side” (Página12, 20/9)

La Jefatura II de Inteligencia y el Batallón 601

La Jefatura II de inteligencia era la encargada de la producción de inteligencia y la selección de blancos para su secuestro y desaparición. La misma tenía una línea directa con el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, a quien asesoraba.

El batallón 601 de Inteligencia dependía directamente de esta jefatura, encargándose de la recolección de información mediante una red de infiltrados -civiles y militares-  en coordinación con los principales servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad y armadas, la Side e incluso del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al mismo tiempo, sus hombres también integraban las patotas que secuestraban a los compañeros.

Es importante recordar que varios integrantes del Batallón 601 formaron parte, posteriormente, de los distintos gobiernos democráticos, como por ejemplo Horacio Cao, funcionario de los gobiernos de Menem y Kirchner. Y de la misma manera otros son parte hoy en día de la burocracia sindical, como por ejemplo Gerardo Martínez, actual secretario general de la Uocra e ícono del sindicalismo oficial de Cristina Fernández de Kirchner.

Martínez había sido denunciado en julio de 2011 por el sindicato de la construcción Sitraic y organismos de derechos humanos como AEDD, Apel y Cadep, para que se lo investigue como agente de inteligencia en el período de la dictadura militar, “ya que su nombre figuraba en el listado del Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 601. La denuncia quedó finalmente en el juzgado de Ariel Lijo, como ‘agente del Batallón de Inteligencia 601’ y posteriormente fue sobreseído por falta de pruebas” (Prensa Obrera, 26/7/12)

La accesibilidad de los archivos y la importancia de su apertura

El accidental hallazgo de este libro, luego de largas décadas, demuestra cómo la política de todos los gobiernos democráticos posteriores a la última dictadura cívico-militar fue impedir el acceso a los archivos que contienen la información de lo que sucedió con los 30.000 detenidos desaparecidos y los 500 niños apropiados. El motivo está, como fue mencionado antes, en que en los mismos aparecen funcionarios, sindicalistas, empresarios, miembros de la iglesia, que forman parte de los distintos gobiernos, y para no chocar con las cúpulas de las fuerzas represivas, siempre necesarias para hacer pasar el ajuste. No nos olvidemos del “hay que dar vuelta la página” al que instara al inicio de su gobierno Alberto Fernández, en relación con los crímenes de la dictadura.

Cabe destacar que esta “falta de voluntad” en la investigación se ve concretamente en el presupuesto de miseria que se le asignan a los equipos de investigación y la precarización a la que se somete a sus trabajadores, profundizada durante la era macrista con un gobierno de funcionarios negacionistas.

Queda demostrado que el principal garante de la impunidad a los genocidas es el Estado, y que solo con independencia política del mismo es que vamos a conseguir justicia.

¡Vamos por la apertura de todos los archivos de la dictadura y por el desmantelamiento del aparato represivo del Estado!

No damos vuelta la página.

Juicio y castigo a todos los responsables.