Una vez conocido el ascenso del subalferéz Emanuel Echazú al rango de alferéz, los voceros oficiosos del ministerio de Seguridad comenzaron a difundir la versión de que el gendarme no está imputado en la causa que sigue la muerte de Santiago Maldonado. No es cierto.

Hay dos causas judiciales vinculadas con los hechos que rodearon el crimen de Maldonado.

Una investiga el corte de la ruta 40, está en manos del juez Otranto y Echazú y la gendarmería forman parte de ella como querellantes. Echazú asegura haber sufrido fractura de mandíbula por un piedrazo arrojado por los manifestantes, lo que habría dado inicio –en la versión del gobierno– a la persecución de más de un centenar de gendarmes al grupo de diez personas que intentaron refugiarse de los balazos de goma y gases lacrimógenos en el territorio ocupado por la comunidad Pu Lof, en Cushamen.

La otra causa judicial es la que sigue el juez Lleral, tras el apartamiento de Otranto por la recusación de la familia Maldonado. Allí se investiga la muerte del joven de 28 años. En esa causa, la gendarmería fue apartada de la investigación por estar sospechada de haber sido responsable del desenlace de la vida de Maldonado. En concreto, Echazú fue uno de los gendarmes que alcanzaron el río Chubut durante la persecución al grupo que integraba Maldonado. Echazú se presentó ante el juez y se incorporó a la causa en calidad de imputado. De ese modo, la Gendarmería, apartada de la investigación, sin embargo, tiene acceso al expediente y puede presentar sus propios peritos y solicitar medidas de prueba. Una maniobra de manual.

En definitiva, la manipulación oficial pretende apenas disimular que el ascenso de Echazú encierra un espaldarazo político al gendarme y a la Gendarmería, a cinco meses del crimen de Maldonado y poco más de un mes del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel.