El jueves 2 de marzo la comisaría 1ª de Pergamino fue el lugar de la peor masacre de la historia policial de la provincia de Buenos Aires. Esa noche los agentes de guardia simplemente dejaron morir a siete detenidos –por supuesto, todos ellos jóvenes pobres− en medio de un incendio, y para asegurar la eficacia del crimen hasta impidieron el ingreso de los bomberos. Hay por eso cinco efectivos procesados, con detención domiciliaria; uno de ellos, el comisario Alberto Donza, se encuentra prófugo.

 

Este jueves 16, aquella atrocidad encontró una nueva caja de resonancia en la audiencia pública organizada en el Congreso Nacional por los diputados Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López, del Partido Obrero-Frente de Izquierda. También estuvo allí Romina Del Plá, secretaria general del Suteba-Matanza y diputada electa.

 

Represión y golpizas

 

La madre de Sergio Filiberto, una de las víctimas, le explicaba a Prensa Obrera, en un momento de la audiencia, que “diferentes organizaciones marchamos sin apoyo material, a veces en medio de la indiferencia de una parte de la ciudad, incluso hostilidad, pero seguimos el reclamo y lo estamos extendiendo”.

 

Se trata, por necesidad, de un trabajo persistente y paciente, frente a “un Estado que se encubre a sí mismo”, como dijo la abogada Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel). Las familias ya no reclaman sólo por los suyos. Surge, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Quiroz, de 15 años, asesinado a tiros en octubre del año pasado por los policías Jorge Alberto Conde y Daniel Alberto Fernández, de la comisaría 2ª de Pergamino; o la golpiza feroz a otro joven; o la represión, particularmente violenta, a los afectados por las últimas inundaciones que se habían movilizado; y la moledura a palos, en un acto sencillamente terrorista, a chicos secundarios que festejaban a comienzos de año “el último primer día de clases”. Así, a pesar de aquella indiferencia de una parte de la población, el movimiento crece y entra en los barrios a organizar gente contra el gatillo fácil, los atropellos policiales y hasta el flagelo del paco y las adicciones –otro gran negocio policial. Se movilizaron también contra el crimen de Santiago Maldonado. “Y llegamos al Congreso –proseguía la madre de Filiberto− en busca de apoyo, para hacer más visible lo sucedido”.

 

Entretanto, Pergamino se ha convertido en una ciudad militarizada, en punto de convergencia de fuerzas represivas y hasta han llegado tropas especiales de policía desde La Plata.

 

Néstor Pitrola, presente en algunas de las movilizaciones en Pergamino, lo dejó claro: la bancada del PO-FIT ha presentado un pedido de declaración dirigido específicamente contra el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y ha comenzado gestiones para conectar este tipo de acciones con la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero todo eso, añadió, “sólo es un refuerzo para la lucha popular” que se libra en las calles, con la organización, con la acción directa.

 

Un régimen inhumano

 

“Un Estado que se protege a sí mismo”, dijo la abogada Ferrero ¿De qué? Pitrola se extendió en el asunto: “Hay en las cárceles y en las comisarías un régimen sistemático de torturas para disciplinar al delito, estructurado y organizado por la propia policía”. Y recordó que la gobernadora, María Eugenia Vidal, había nombrado jefe de policía a Pablo Bressi, vinculado directamente con las cajas negras policiales, el narcotráfico, la recaudación ilegal y hasta acusado él mismo por violencia de género por dos de sus ex esposas. En otras palabras: hemos pasado de la policía del represor Daniel Scioli y su ex ministro de seguridad, el matón Alejandro “38 especial” Granados, jefe de barrabravas, a la de Vidal y Ritondo. “Esa continuidad indica una política de Estado”, agregó Pitrola.

 

La situación de los presos hacinados en las comisarías es parte de esa política. Según Ritondo, las comisarías de la provincia tienen capacidad para albergar a 1.105 detenidos (es falso, su capacidad es mucho menor) pero hay en ellas 3.100 personas enjauladas allí (también es falso, hay muchas más). Si se tratara de bestias, las asociaciones protectoras de animales, con toda razón, harían oír su protesta. Ese hacinamiento, naturalmente, convierte a las comisarías en lugares criminógenos, en los que se promueve el delito en vez de tratar de contenerlo o recuperar a los detenidos que, por otra parte, en su inmensa mayoría no han sido condenados ni se tiene la menor certeza sobre su culpabilidad o inocencia, aunque a esta altura esa es cuestión de importancia secundaria.

 

El Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que el nacional, es de hecho otra asociación ilícita, un centro organizador del delito; esto sin empezar a hablar de que la policía obliga a muchos jóvenes a delinquir y, si se niegan, ocurren cosas como el asesinato de Luciano Arruga. Todo esto no es más que parte de un régimen político de terror contra los jóvenes y los pobres en general, cuando la burguesía toda y el imperialismo advierten que la política económica marcha hacia un callejón sin salida y señala los peligros de una posible conmoción social. Por eso, como dijo Pitrola, “el comisario Donza no está prófugo: está protegido para que no hable de más”.

 

Mientras tanto, porque resulta obligatorio señalar una y otra vez los nombres y apellidos de toda esta escoria criminal, recordemos que se encuentran procesados por esta masacre, aunque cómodamente instalados en sus casas después de haber estado “presos” al sol y tomando mate, el teniente primero Sergio Ramón Rodas, los oficiales Alexis Miguel Eva y Matías Exequiel Giulietti, el sargento César Brian Carrizo y la ayudante de guardia Carolina Denisse Guevara, además del “prófugo” Donza.