El martes 12 de abril se realizará en el auditorio de la Cámara de Diputados una audiencia pública para exigir la absolución de César Arakaki y de Daniel Ruiz, ambos condenados con prisión efectiva por su participación en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria macrista. A partir de las 12:00 se congregarán distintos referentes de movimientos que vienen reclamando por la revisión de la condena a los compañeros, una violación a las más básicas libertades democráticas.

El reclamo por la absolución de los compañeros viene desde que la Justicia inventó una causa por intimidación pública a efectivos policiales, algo que se ha probado no solamente falso sino inverso a lo que realmente ocurrió. La intimidación vino de parte de la policía, con una represión feroz que dejó decenas de heridos.

A lo largo de estos meses se han reunido importantes pronunciamientos tanto a nivel nacional como internacional. La audiencia del martes se ubica en este camino y contará con la presencia de diversos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales, todas ellas rechazando la criminalización de la protesta social.

El marco en el que se realizará la reunión no podría ser más oportuno. Las últimas semanas hemos visto cómo los políticos patronales de todo color y los medios de comunicación han fomentado una estigmatización de la protesta, promoviendo una política represiva que tiene su punta de lanza en el encarcelamiento de los compañeros Sebastián Copello y Juan Chorolque en la provincia de Jujuy.

Una vez más vemos como la tan promocionada grieta se diluye en un campo común contra los trabajadores. Las declaraciones de los ministros Juan Zabaleta y de Sergio Berni, las amenazas de Larreta, la campaña de Milei  y Ramiro Marra, y las detenciones arbitrarias de Gerardo Morales, todas confluyen en la criminalización de los sectores más acuciados por el hambre y la miseria.

La condena a César y Daniel trasciende para la burguesía los hechos concretos por los que se los juzga. Busca una “condena ejemplificadora” como pidió en su momento Patricia Bullrich, con el objetivo de amedrentar a las y los trabajadores que salen a luchar contra el ajuste en medio de un programa con el Fondo Monetario que tenderá a agravar la miseria social existente.

En ese sentido, la audiencia y toda la campaña por su absolución implica también la defensa democrática de los explotados a movilizarse, a reclamar por sus derechos y a organizarse para superar un régimen que ha demostrado que no tiene nada para ofrecerle a la clase trabajadora, más que una política represiva.