El pasado jueves 28 de abril se realizó la audiencia pública que convocamos desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. La misma tuvo la participación de referentes y luchadores de distintos puntos del país que enfrentan en todos los terrenos la política represiva y la impunidad con la que se maneja la justicia y quienes gobiernan.

La actividad tuvo como objetivo acompañar las iniciativas presentadas por nuestra bancada en defensa de las libertades democráticas, por la anulación del artículo 154 del Código de Convivencia Ciudadana y cualquier legislación contraria al derecho a huelga.

Estuvieron presentes Soledad Díaz, dirigente del FIT-PO y abogada, junto a Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero de Córdoba. Asimismo, participaron Mariano Fernández representantes de la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba; Carmen Verdú de CORREPI; Olga Tallaprieta, mamá de Jorge Reyna víctima de abuso policial en Capilla del Monte; Cesar Arakaki, luchador condenado por las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria de Macri; Sebastián Copello, dirigente del Polo Obrero de Jujuy recientemente detenido e imputado por liderar la lucha del movimiento piquetero contra Morales; Mónica, Brisa y Patricia, luchadoras por el derecho a la vivienda reprimidas y procesadas por reclamar tierras y servicios esenciales; Claudia Ferrero, abogadas de APEL- Asociación de Profesionales en Lucha.

También participó Sergio Aghemo, activistas de la asamblea de Paravachasca; Ivana Galdeano del frente de organizaciones de Justicia por Cecilia Basaldúa; Franca del MST y el Teresa Vive, procesada de la UNC; compañeres de la UJS; y referentes de la asamblea de VUDAS. Asimismo, contó con el apoyo y la adhesión de Liliana Olivero dirigente de Izquierda Socialista y Noelia Agüero, legisladora del FIT-IS; y del PTS.

Nos encontramos frente al recrudecimiento de la represión y la criminalización de la protesta social. Córdoba no está exenta. Referentes de Juntos por el Cambio y el PJ local se sumaron a la ola de agravios y ataques contra el movimiento piquetero, lo que se trata de un grave acto de discriminación contra el pueblo pobre, violando derechos democráticos esenciales como el derecho a peticionar ante la autoridad, el derecho a huelga, o a organizarse y luchar.

Claramente no se trata de un problema de circulación, en la medida que quienes reclaman ‘mano dura’ para los trabajadores no tienen empacho en subirse a los tractores de la sociedad rural que colapsaron el tránsito en CABA o en Córdoba días atrás.

Las voces de la lucha antirrepresiva

Durante el desarrollo de la audiencia, Soledad Díaz, denunció el alineamiento del gobierno de Schiaretti al pacto ajustador con el FMI, mientras que Emanuel Berardo profundizó sobre las consecuencias represivas de esta política en la provincia. En este mismo sentido tomaron la palabra compañeras de la ocupación de Malabrigo, Brisa y Mónica, esta última imputada por un corte de ruta para reclamar luz. A su turno, Patricia, delegada del Polo Obrero de Estación Ferreyra denunció la brutal represión del gobierno provincial contra la ocupación que llevaban adelante decenas de familias en el barrio en plena pandemia.

Carmen Verdú y Claudia Ferrero expusieron sobre las avanzadas judiciales contra los luchadores en todo el país que tienen un claro objetivo aleccionador, a la vez que graficaron el rol de las fuerzas represivas como el brazo armado de un Estado que está obligado a reprimir las luchas sociales para cumplir con el pacto con el FMI.

Cesar Arakaki y Seba Copello se extendieron respecto al montaje político y judicial de los gobiernos frente a las grandes gestas sociales, a la vez que llamaron a reforzar la movilización y la organización popular, único camino para terminar con la criminalización de los luchadores y darle una salida popular a la bancarrota nacional.

También se denunció esta política represiva en el terreno ambienta y de la juventud. Sergio de la Asamblea de Paravachasca relató la represión que sufrieron por parte del gobierno de Schiaretti en medio de la lucha contra la autovía de montaña que avanza sin licencia social ni ambiental. Esta represión tuvo como saldo dos imputados. Mientras que compañeros de la juventud llamaron a reforzar la lucha por el desprocesamiento de los 27 estudiantes perseguidos por defender la educación pública en la UNC.

En boca de Olga, mamá de Jorge Reyna, se describió la contra cara de la represión: el empoderamiento policial y la impunidad con la que cuenta una fuerza represiva descompuesta. En el mismo sentido, Mariano de la Mesa de Trabajo denunció el gatillo fácil, que se acentúa en el interior provincial, mientras que Ivana relató el rol clave de encubrimiento e impunidad que desarrolla la policía de Capilla del Monte en el caso de Cecilia Basaldúa, donde se encuentran vinculados agentes estatales y redes del crimen organizado.

Fue una instancia importantísima para forjar un frente único de lucha que rechace la avanzada represiva que se extiende a lo largo y lo ancho del país. De este modo la banca del FIT-PO en el Concejo acompaña los procesos de organización y lucha contra el ajuste y la represión en la ciudad.