En una reciente presentación en el Concejo de la ONU, Bachelet advirtió que las medidas tomadas por el gobierno de Insfrán bajo la pandemia le genera “preocupaciones críticas por los derechos humanos”. Los dichos surgen después de una serie de denuncias contra el gobierno de Gildo Insfrán, las cuales fueron indagadas por distintos organismos internacionales. Con este discurso, la Alta Comisionada de la ONU daba cuenta de la veracidad de estas denuncias ya que efectivamente son casos de violaciones de los DDHH que afectaron a miles de personas que viven en la provincia.

Recordemos que los casos de mayor relevancia fueron, en primer lugar, la situación de los varados. Personas a quienes la cuarentena los sorprendió estando ocasionalmente en otras ciudades, y el gobierno de Formosa les impidió ingresar en la provincia para retornar a sus casas. Y después, el encierro compulsivo en los centros de aislamiento a miles de formoseños obligándolos a permanecer allí, donde se multiplicaron las denuncias por las condiciones en las que se encontraban; estando hacinados, encerrados y custodiados por la policía, sin una atención medica permanente. Estos centros se parecían más a una cárcel que a una unidad de atención sanitaria.

Los ejemplos mencionados quizás hayan sido de los más mediatizados, pero los atropellos por parte del gobierno, la Justicia adicta y su policía son incontables y lo sufrieron los trabajadores, los jóvenes y las comunidades originarias. Las medidas de restricción fueron impuestas con autoritarismo, sin asistencia económica para los desocupados ni para los trabajadores independientes. La consecuencia de esto fue el fracaso absoluto del gobierno en el cuidado de la salud de la población, dando como resultado más de 800 muertes en la provincia a raíz de la pandemia.

En los casos de las múltiples protestas populares, el gobierno respondió con dura represión, como lo hizo en la jornada del 5 de marzo dejando un saldo de más de cien detenidos y decenas de heridos.

Insfrán contó siempre con la impunidad política de todos los gobiernos nacionales de turno y de la Justicia. Así fue sorteando graves denuncias de corrupción, represión, espionaje y narcotráfico que involucraron a funcionarios, legisladores o parientes. El macrismo, que prometió terminar con esto, terminó pactando a cambio de los votos en los parlamentos. El gobierno de los Fernández sigue blindando a Insfrán. En febrero, el Secretario de Derechos Humanos, Pietragalla, vino a la provincia solo como una puesta en escena, el verdadero objetivo de su visita fue proteger al “gobernador estrella” del PJ.

La presentación de Bachelet no se traducirá en medidas concretas para revertir la situación, sus dichos son solo “para la tribuna”. Por eso festejan desde el gobierno, incluso el Canciller Felipe Solá se mostró satisfecho por el accionar de Bachelet.

Desde el Partido Obrero hemos planteado, en su momento, la necesidad de una comisión independiente de los gobiernos que investigue todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos para poder frenar así los abusos y la impunidad de un gobierno que se ensaña con el pueblo trabajador y que nos ha llevado a esta catástrofe social.

 

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