El pasado viernes se llevó adelante una nutrida movilización, convocada desde la CTA Autónoma de Almirante Brown, que culminó en un acto en repudio a la libertad condicional de la que goza hace un mes el genocida José Maidana.

Este beneficio concedido al genocida del centro clandestino El Vesubio, concitó el rechazo de gran cantidad de organizaciones de toda la zona sur del conurbano bonaerense, lo que instó a que incluso el Ejecutivo de Almirante Brown y el Concejo Deliberante tuvieran que pronunciarse en su contra.

El caso de Maidana es una muestra extrema de la impunidad que caracteriza al Estado y d ela que se benefician sus elementos más descompuestos; en esta ocasión, el poder judicial decidió hacer la vista gorda ante los más de 91 casos denunciados en los que el represor fue condenado por torturas y desapariciones, y le concedió la libertad condicional por “buena conducta” y “altas chances de reinserción social”. Estos argumentos fueron incluso rechazados por la propia familia del genocida, quienes señaló que este tiene actitudes violentas hacia ellos.

La gravedad del caso se expresó con el repudio en las calles. Cientos de manifestantes con sus organizaciones sociales, políticas, de DDHH, sindicales y estudiantiles, se movilizaron por el centro de Adrogué, dejando en claro que no se puede a dejar pasar una afrenta como esta a la memoria colectiva que levanta las banderas del Nunca Más y lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

La convocatoria y los distintos posicionamientos políticos

La convocatoria a esta acción fue motivo de una polémica política que se fundó en el contenido del documento central.

Desde las agrupaciones Rompiendo Cadenas (RC) y el Colectivo Docente (La Verde de Brown) impulsaron un documento políticamente lavado, cuyo eje se centraba en la denuncia al Poder Judicial. Su planteo fue claro: si sumaban delimitación del gobierno actual consideraban que la iniciativa perdería espíritu de unidad  y disminuiría la cantidad de participantes. Otras organizaciones que fueron de la partida, como el FOL y el PRML, acompañaron este argumento. La orientación apuntaba a sumar a organizaciones que integran el Frente de Todos, de las cuales solo participó el PCR, y de forma testimonial. Otras como la CTA de los Trabajadores, HIJOS y el SUTEBA, decidieron realizar su propio acto el 5 de Marzo, rechazando la mano extendida por estas agrupaciones.

Desde el Partido Obrero defendimos que el documento político debía incluir una denuncia a las últimas medidas tomadas por el gobierno de Fernández, como es el caso de la votación en el Congreso de la Nación que permite el ingreso de tropas yanquis para que realicen operaciones conjuntas en nuestro territorio; o la integración de nuestro país al grupo Lima con la golpista Áñez. Entendemos que de esta forma se traza un hilo conductor en las políticas de impunidad que ha tomado el Estado los últimos 40 años, en pos de una reconciliación con Fuerzas Armadas, para luego justificar su intromisión en los asuntos de la sociedad civil en medio de la aplicación de ajuste que digita el gobierno junto al FMI.

Ante la negativa de las organizaciones a integrar estas consideraciones, finalmente decidimos bajar la firma del documento, pero acompañar la iniciativa. Otras fuerzas de izquierda, particularmente las del FIT, también bajaron sus adhesiones a ese documento. Mención aparte merece la actitud política que tuvo la organización que responde a Altamira, quienes se integraron plenamente al funcionamiento “amplio” propuesto por RC y el CD, adhiriendo al comunicado que incluida el documento con estas omisiones.

El debate suscitado por esta convocatoria atraviesa al movimiento de lucha por los derechos humanos, el cual ha avanzado en las últimas décadas sobre la base de la independencia política de los gobiernos de turno y de las fuerzas políticas del Estado que bregan por la continuidad de la impunidad a los represores y genocidas. Esto cobra aún más sentido luego de las recientes declaraciones del presidente Fernández minimizando el plan genocida sistemático y llamando a “dar vuelta la página”. En contra de esta política de reconciliación e impunidad marcharemos el próximo 24 de Marzo, con la independencia política del gobierno y del Estado que siempre nos ha caracterizado, y por memoria, verdad y justicia.