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A casi un año de “los asesinatos de junio”, cometidos en Bariloche por la policía provincial, la Justicia condenó al ex cabo Sergio Colombil a veinte años de prisión. En la madrugada del 17 de junio, Colombil asesinó a Diego Bonnefoi, de 15 años, de un disparo en la nuca. El crimen de Diego desató la rebelión de la juventud de los barrios obreros de Bariloche, que fue brutalmente reprimida y arrojó dos muertos más, los jóvenes Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.

El tribunal, integrado por los jueces Joos, Barrutia y Ramos, desestimó la condena a perpetua contra el policía porque consideró que hubo “dolo eventual”, es decir que no tuvo intención directa ni indirecta de matar. Tampoco aplicaron el artículo 80, inciso 9, del Código Penal que agrava las condenas para los crímenes cometidos por la policía. Los familiares de Diego se mostraron molestos, pero aceptaron la condena. En el juicio surgieron todos los elementos que hubieran implicado una condena a prisión perpetua, como la evidente plantación del arma junto al cadáver de Diego, la intención clara del policía de matar, el disparo a corta distancia a la nuca de Diego durante su persecución. La recusación del juez Lozada por haber transmitido sus condolencias a la familia Bonnefoi, también apuntaba a la impunidad. Lo que llevó a condenar a veinte años a Colombil fue la persistente movilización de los familiares de las víctimas y de la Multisectorial contra la Represión.

En el juicio se puso en evidencia la impunidad con que se desempeña la policía. Colombil declaró ante el tribunal que “es costumbre” tener el dedo en el gatillo, lo cual salió a la luz también en los registros fotográficos de la represión posterior -la que asesinó a Cárdenas y Carrasco- en las que se ve a cientos de policías con el dedo en el gatillo de sus armas reglamentarias. A pocos meses de esta represión era asesinado Guillermo Trafiñanco en Viedma, de la misma manera que Diego Bonnefoi. Tanto los jueces como los abogados coincidieron en que no era un juicio contra la “institución policial, sino un caso particular”. El Poder Judicial y los funcionarios del radical “nacional y popular” como Víctor Cufré, secretario de “Seguridad”, y Diego Larreguy, secretario de Gobierno, operaron abiertamente para obtener la impunidad de la policía. Además, los jueces concordaron que el Estado debe “acentuar y profundizar la jerarquización y la profesionalización de la policía”, es decir, dieron un respaldo al aparato represivo en sintonía con la “doctrina de seguridad democrática” que pregonan Garré y la centroizquierda.

Por otra parte, la investigación por los asesinatos de Carrasco y Cárdenas se encuentra completamente empantanada. El juez Martín Lozada fue apartado también de esa investigación por la Cámara del Crimen, por haber involucrado en su instrucción a los jefes policiales responsables de la represión a la pueblada.

Todos los políticos patronales de la provincia repudiaron de palabra los asesinatos, incluidos el intendente y los concejales, cuando recién comenzaban las marchas contra la represión, pero solicitaban desesperados el envío de la Gendarmería a la ciudad. Ninguno hizo nada en concreto, más allá de una declaración del Concejo Deliberante pidiendo el “esclarecimiento de los hechos de la represión”. Al poco tiempo, el intendente Cascón se presentó como querellante… ¡contra de los activistas de la Multisectorial y los familiares de las víctimas! por daños menores contra un edificio del Centro Cívico. Por otro lado, el concejal del PPR (un aliado habitual de la UCR) y ahora candidato a intendente, Daniel Pardo, encabezó las marchas a favor de la policía; es decir, de respaldo a los asesinos, con exhibición de armas y en el cuadro de una desenfrenada cacería de activistas. La “oposición” del PJ, encabezada políticamente por el senador K Miguel Pichetto, se limitó a un pedido de interpelación en la Legislatura provincial, que quedó en la nada. La burocracia de la CTA provincial también jugó su papel para descomprimir la movilización que desató el crimen de Diego, primero condenando “todo tipo de violencia” (como si los tres asesinatos policiales y el apedreo de la comisaría por parte de una juventud hastiada de los abusos policiales fueran equivalentes); luego, aplazando la convocatoria al paro provincial que ya habían convocado para el primer día hábil posterior a los asesinatos y trasladando la movilización a Viedma, a más de mil kilómetros del lugar de los hechos.

Los trabajadores y la juventud debemos sacar las conclusiones políticas de esta gran lucha. La provincia está dominada por dos bloques políticos, uno encabezado por el gobernador Saiz y su candidato, César Barbeito, que son los responsables directos de la represión y de la impunidad de un aparato represivo criminal que mata jóvenes a diario y está involucrado en toda actividad delictiva de la provincia (desde la trata de personas hasta el narcotráfico). El otro, que cuenta con la bendición directa del gobierno nacional, que encabeza el represor Carlos Soria, candidato a la gobernación por el Frente para la Victoria, quien se encuentra acusado por la Justicia nacional por encubrimiento en la causa Amia (www.quorum10.tv) y que fue responsable del operativo que terminó con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ninguno de estos represores buscarán a los responsables de estos de asesinatos porque son los “representantes y candidatos de la impunidad”. Para que los responsables materiales y políticos de la masacre de junio sean castigados, tenemos que movilizarnos en forma independientemente de estos sectores reaccionarios.

Los familiares de la víctimas de la represión y la Multisectorial estamos preparando una gran movilización para cuando se cumpla el año, y un festival que convoque a la juventud. Esta lucha sigue hasta que el gatillo fácil y la represión policial en la ciudad se terminen!

Juicio y castigo a todos los responsables de los asesinatos de junio.

Los responsables políticos: Larreguy, Cufre, Saiz, la tienen que pagar.