Durante las primeras horas de la mañana de este miércoles se desplegó un enorme operativo represivo sobre la comunidad mapuche Lafken Wilkul Mapu en Villa Mascardi. Cerca de 100 agentes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) llegaron al lugar con tanquetas y carros hidrantes. El motivo de semejante operativo fue la realización de una pericia en el hotel ubicado en el predio Parques Nacionales contiguo al territorio de la comunidad mapuche.

No dejaron pasar mucho tiempo que las fuerzas comenzaron a reprimir ferozmente sobre integrantes de la comunidad. En la comunidad se encuentran mujeres, niños y abuelos. Desde la comunidad se denuncia heridos y cientos de disparos de balas de goma.

Una diligencia dispuesta por el Juzgado Federal de Bariloche instruido por el juez subrogante Gustavo Zapata en un predio lindero a la comunidad fue lo que desplegó el fuerte operativo de las fuerzas represivas nacionales. La orden del procedimiento que se enmarca en la causa federal tenía como objetivo constatar la “usurpación” del predio de parques nacionales en el que se encuentra un hotel abandonado y destruido por el pasar del tiempo. El mismo hoy finalmente fue incendiado por la policía federal, aseguran desde la comunidad (que fueron los primeros en intentar apagarlo).

Una provocación para terminar de justificar la represión

Esta operación de la justicia amparada por el poder político no tiene otro objetivo que seguir avanzando con el hostigamiento la hacia la comunidad mapuche de Villa Mascardi; busca ser un hecho ejemplificador y regimentador para la lucha del pueblo mapuche. El descomunal despliegue de las fuerzas armadas para solo una inspección ocular es una provocación del Estado para justificar el desalojo.

Mientras se desarrollan este tipo de operaciones, sigue vigente por otro lado la orden de la justicia provincial para el desalojo de la comunidad que se encuentra en el predio que ocupa el Obispado de San Isidro.

Detrás del reclamo de represión y desalojo están los especuladores inmobiliarios y la iglesia, que han recrudecido el reclamo en los últimos tiempos. El gobierno provincial y nacional se unifica ante el conflicto en Villa Mascardi y cada una pone su parte. Luego de la represión y realizada la inspección ocular, la gobernadora Arabela Carreras consideró “un paso muy positivo” porque “todos esperábamos la participación y acción del Estado nacional, dando respuesta a los requerimientos de la justicia”.

Después de tres años del asesinato de Rafael Nahuel en manos del grupo Albatros, incluso identificado el asesino material, Francisco Pintos, la regla del Estado ha sido el hostigamiento a través de represión a la comunidad mapuche sin juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato del joven. La política ante los pueblos originarios no parece ser diferente con el gobierno de los Fernández, quien da continuidad a las políticas del macrismo.

Justicia para Rafael Nahuel. Basta de represión. No al desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Por la autodeterminación de los pueblos originarios.