Con estas consignas centrales cerca de cien organizaciones han acordado marchar el 24 de Marzo, a 29 años del inicio de la dictadura militar. Acompañando este planteo, se han acordado otras nueve exigencias: no al pago de la deuda externa, no al acuerdo con el FMI, libertad a los presos políticos, desprocesamiento y/o amnistía de los luchadores populares, juicio y castigo para los responsables de los asesinatos del Puente Pueyrredón y del 19 y 20 de diciembre, cárcel para los responsables políticos y materiales de la masacre de Cromañón, anulación del Indulto, cárcel para todos los genocidas, restitución de la identidad a los 500 jóvenes apropiados en la dictadura.

 

El programa, aprobado en las asambleas convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, parte de una delimitación tajante del gobierno Kirchner. En este punto las consignas aprobadas y el grueso de los firmantes marcan una continuidad con la declaración política leída en Plaza de Mayo el último 20 de diciembre.

 

Por esta razón, los organismos “históricos” de derechos humanos que defienden a Kirchner-Ibarra, decidieron dividir la movilización. Ciertamente, no les importa siquiera la revelación del juez Garzón de que el gobierno argentino aprobó en el Congreso la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para impedir que se consumen las extradiciones solicitadas por la Justicia de varios países europeos (lo que hace que, hasta el día de hoy, el grueso de los genocidas sigan en libertad).

 

Los “organismos” están ocupados en juntar firmas para el plebiscito de Ibarra.

 

El PO llama a desplegar una gran campaña para convertir al 24 de Marzo en una inmensa movilización popular contra el gobierno.