Cumpliéndose la primera quincena de cuarentena obligatoria, vemos cómo la crisis económica y la crisis social para los trabajadores y jóvenes sigue aumentando. 

Desde que se decretó el "aislamiento social", el gobierno tomó escasas medidas que no son suficientes para poder hacerle frente a la crisis que golpea a la clase trabajadora y particularmente a los sectores más vulnerables. Empezando por no garantizar desde el comienzo, medidas básicas y necesarias como frenar los despidos, entregar insumos de higiene a todas las familias que lo necesiten, y discutir un subsidio acorde, no de $10.000, el cual contemple los aumentos de comida, productos de limpieza y el hecho de no poder seguir trabajando. 

La mayoría de los trabajadores precarizados no tiene la posibilidad de trabajar desde sus hogares, y se ven expuestos no solo al virus, sino también al posible amedrentamiento por parte de la policía. –

Encarcelamiento/detenciones/pago de multas. En los barrios más carenciados además de tener a la policía federal y la gendarmería de manera habitual, ahora se ha acrecentado su presencia para “garantizar el control social”. Los jóvenes son los más golpeados por estas medidas de reforzamiento de las fuerzas represivas. Ya son varios los vídeos que se hicieron virales en los que la policía amedrenta y lleva detenidos a pibes que trabajan por ejemplo en Rappi o Pedidos ya. Se calcula que hay más de 8.000 detenidos en el país.

Siguiendo con esta línea de reforzamiento de los aparatos represivos, el 27 de febrero la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una resolución en la cual habilita al Estado a encarcelar a los adolescentes que no cumplan con la cuarentena. Esta medida permite llevarse detenidos, con la excusa del incumplimiento de la medida, a una especie de albergue juvenil con “libertades restringidas” a pibes desde 13 años de edad y sin ningún tipo de derecho a juicio previo, y apunta a los pibes que se encuentran en situación de calle. Este accionar es un claro ataque contra las libertades democráticas y sigue con la intentona por parte de varios gobiernos, en bajar la edad de imputabilidad.

Estamos frente a un instrumento político que utilizan, no para la ayuda social, sino para garantizar el amedrentamiento contra la clase trabajadora y los pibes, y se preparan frente a un posible accionar de lucha contra el hambre.

Reclamamos la derogación de esta resolución. El aumento de la presencia del aparato represivo no tiene que ser la forma en la que se garantice el cumplimiento de la medida. No es "por la fuerza" como se debe proceder, sino garantizando las condiciones para que los trabajadores y sus hijos puedan llevar adelante la cuarentena de manera adecuada. Es necesaria la repartición de viandas en los colegios para que los niños y adolescentes que lo necesiten puedan tener un plato de comida; un seguro al desocupado de $30.000 para que aquellos que tengan trabajos no registrados no se vean obligados a salir a la calle para poder darle de comer a sus familias; que el Estado reparta los elementos de higiene y limpieza para las familias que no pueda acceder a ellos.