El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, firmó recientemente una resolución que autoriza a efectivos policiales retirados de la Bonaerense a volver a prestar servicio, con la intención de citar a dos mil agentes para patrullar las calles del conurbano. El facho que integra el gobierno de Kicillof presenta la decisión como una respuesta a los crecientes asesinatos en situaciones de robo, es decir que no expresa otra cosa que el propio fracaso de su política contra el delito.

Berni hace una verdadera gala con esta convocatoria, después de las recriminaciones públicas por los crímenes como el de Lucas Cancino, cuya familia y vecinos apuntaron al Ejecutivo nacional y provincial. Es un intento de mostrarse ante una población harta de episodios de robos y asesinatos como un “justiciero”, con la mira puesta en montar la preparación de su candidatura presidencial hacia 2023, disputando una base derechista con los Bullrich y Espert.

El hecho es que la misma Bonaerense regentea y comanda el crimen organizado en la provincia, como vienen probando un sinfín de casos desde la desaparición de Luciano Arruga al tiroteo narco en Florencio Varela, a algunos kilómetros del lugar que vio perder la vida a Lucas. La convocatoria a agentes retirados integrará a viejo personal de este entramado podrido, entre ellos presumiblemente buena parte de los miles que cumplieron funciones en la dictadura bajo las órdenes de los genocidas Campos y Etchecolatz.

Berni se encuentra ante una inminente salida del Frente de Todos después de noviembre, en caso de un nuevo traspié electoral. En medio del clima de confrontación dentro de la alianza gobernante, el ministro actual intenta medrar con la discordia entre el kirchnerismo y los jefes comunales distanciándose del primero, como sugiere su gira por varios municipios entregando patrulleros, dentro de la que se mostró en Esteban Echeverría junto a Fernando Gray -quien rechazó abiertamente la llegada de Máximo Kirchner al PJ provincial- y  siendo también declarado “huésped de honor” por el intendente Ricardo Moccero de Coronel Suárez.

Como fuera, el grueso de los intendentes pejotistas del conurbano se frota las manos esperando una renuncia de Berni para alzarse con el control de la fuerza policial. La misma que estuvo bajo la égida del hoy alcalde de Ezeiza, Alejandro el “pistolero” Granados, no solo en los tiempos de Daniel Scioli sino incluso después, mediante un pacto con Cristian Ritondo durante el mandato de Vidal. Estas últimas semanas ha sonado fuerte la posibilidad de un nuevo acuartelamiento como el del año pasado, ante lo que Kicillof se apuró a anunciar un nuevo aumento salarial (el mismo que niega a los docentes, estatales y trabajadores de la salud).

Berni debe ser expulsado por la movilización popular, por ser el jefe político de la Bonaerense asesina y organizadora del delito. Para combatir el crimen habría que empezar por la medida contraria, con la remoción de toda la cúpula de la maldita policía y la apertura de los libros de la comisarías al control popular y de organismos de derechos humanos. Es indispensable en ese sentido la conformación de una comisión independiente que investigue todos los lazos de la fuerza con el crimen organizado. Se trata de una lucha contra todos los que gobiernan y gobernaron con las mismas mafias policiales, cuyo servicio requieren para reprimir las luchas populares para imponer el ajuste; como el propio Berni comandó contra las familias sin techo de Guernica.

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