Este lunes tendrá lugar la audiencia para escuchar al personal del Cuerpo Médico Forense respecto al fundamento del diagnóstico ofrecido a la Justicia, donde concluyen que Carlos Blaquier, dueño de Ledesma SA y responsable de la desaparición, tortura y asesinato de activistas y militantes en Jujuy, no estaría apto para afrontar un proceso penal.

Blaquier viene eludiendo a la Justicia desde hace décadas por su responsabilidad criminal en la última dictadura militar. Actualmente se lo juzga por tres secuestros producidos al comienzo del gobierno de facto y por 20 personas secuestradas entre el 20 y 27 de julio de 1976, en los hechos conocidos como Las Noches de los Apagones, donde los militares secuestraron a unas 400 personas, utilizando incluso transporte suministrado por la empresa Ledesma.

Recién en 2012, luego de una sistemática campaña independiente por el juicio y castigo, se logró que la Justicia procesara al empresario cómplice de la dictadura sangrienta, pero el proceso fue obstruido por la defensa de Blaquier y por la propia Justicia, con un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que, en marzo del 2015, revocó el procesamiento. Recién a mediados del 2021, seis años después, la Corte ordenó restablecer el proceso, con un imputado que al día de hoy asciende a la edad de 94 años y contra el administrador de la empresa Ledesma SAAC, Alberto Enrique Lemos.

Ahora Blaquier busca eludirse nuevamente de la Justicia con un informe de la CMF que señala que sus capacidades mentales se encuentran alteradas y que esto lo vuelve inhábil para sentarse en el banquillo de los acusados.

El Ministerio Público y la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh), junto a las organizaciones de DD.HH, cuestionan dicho informe, afirmando que Blaquier simulaba no comprender las preguntas y rechazaba colaborar. Llamativamente, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación avalan el informe que respalda a Blaquier, lo que respalda su impunidad.

La fiscalía había peticionado la realización de nuevos estudios en una institución pública, lo que también fue rechazado por la defensa de Blaquier y concedido a favor de este último por la Justicia, desde donde se limitaron a convocar a los profesionales intervinientes a que expliquen las razones de sus conclusiones.

Estamos ante un nuevo intento de impunidad, en una causa de Lesa Humanidad que investiga las atrocidades cometidas por las patronales, como es el caso de Blaquier, en concurso con la dictadura militar, que implicaron la investigación, identificación, secuestro, tortura y desaparición de gran parte del activismo de la zona de influencia de la empresa Ledesma.

El caso de Blaquier refuerza la denuncia de una dictadura cívico-militar donde los grandes beneficiarios de los asesinatos y secuestros del Estado son las grandes patronales, la que en muchos casos jugaron un papel directo en la identificación de los activistas, militantes y luchadores perseguidos por la dictadura, como sucedió con los exdirectivos de la Ford y más de 30 causas contra patronales involucradas en crímenes de Lesa Humanidad.

Reclamamos el rechazo a las maniobras dilatorias y obstructoras del proceso penal, con el propósito de que los genocidas sean juzgados y condenados a prisión común, por los crímenes perpetrados. Reforcemos este camino con la movilización independiente para obtener la condena de todos los asesinos de la dictadura militar.