El enfrentamiento armado entre efectivos de la Policía Federal y la Bonaerense que culminó con la muerte del comisario David Martin y otros varios oficiales heridos mostró los agudos choques y descomposición que atraviesan al aparato represivo.

El miércoles pasado, una mujer había sido interceptada por oficiales de la Bonaerense en Avellaneda, que le exigieron 200 mil pesos para no armarle una causa por narcotráfico. Se pactó una entrega del dinero en una estación de servicio, pero la mujer denunció la extorsión ante una fiscal, que hizo intervenir en el caso a la División de Drogas de la Policía Federal. Así, la mujer fue acompañada al lugar por efectivos de esta fuerza, que supuestamente esperaban detener in fraganti en el lugar a los extorsionadores.

En medio de la entrega del dinero, según las versiones periodísticas, un comisario de la Bonaerense irrumpió con un Toyota e intentó atropellar a uno de los federales. Se desató una persecución y dos tiroteos, que milagrosamente no se cobraron la vida de ningún vecino y culminaron con la muerte del comisario con un balazo en el rostro.

Como resultado del caso, varios efectivos de la Bonaerense fueron desafectados, incluyendo al jefe del Departamento de Investigaciones de Avellaneda-Lanús.

A la luz de los hechos, se conocieron los antecedentes de esta división. El anterior jefe había sido apartado de su cargo en junio pasado por montar una caja negra en base a la extorsión y coimas contra puesteros de la feria de La Salada. Previamente, en julio de 2017, cayó una banda integrada por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Lanús-Avellaneda que usaba cocaína para armar causas y extorsionar a narcotrafricantes (hay 60 involucrados).

El accionar mafioso que puso de relieve el choque entre federales y bonaerenses en Avellaneda muestra la farsa de la purga emprendida por Vidal y Ritondo en esta última fuerza. Desautoriza, al mismo tiempo, la política de seguridad de la ministra Bullrich, que promueve un reforzamiento de este aparato represivo descompuesto (doctrina Chocobar) en nombre de la lucha contra el delito, cuando claramente es su principal organizador y promotor.

El enfrentamiento de Avellaneda, por lo pronto, ya ha desatado cruces en las cúpulas. Bullrich y el jefe de la federal, Néstor Roncaglia, hicieron una defensa encendida del operativo y cuestionaron a la Bonaerense. En cambio, fuentes de esta última fuerza se quejaron por el operativo. “No había necesidad de arrestar a los policías en ese lugar”, indicaron (Clarín, 31/3). Cuestionan, a su vez, que la fiscal de Avellaneda no haya dado aviso previo del operativo a Ritondo.

Más notable aún, fuentes de la Bonaerense aseguran que Bullrich puede haber manipulado la información para perjudicar a Vidal, en función de pujas de poder y candidaturas al interior de Cambiemos, omitiendo una posible responsabilidad compartida en la extorsión. “En la Plata no creen en la historia de policías federales buenos y bonaerenses malos y creen que se trataba de una banda integrada por agentes de ambas fuerzas. Suponen que tanto la Federal como la Bonaerense extorsionaban a la pareja de dominicanos y que el tiroteo le permitió a los federarles sacarse de encima a la bonaerense” (La Política Online, 1.4). El caso viene a agregar tensión en medio de las revelaciones de espionaje ilegal sobre la gobernadora.

Las internas del aparato de seguridad se habían puesto al rojo vivo en ocasión del frustrado superclásico entre River y Boca en el Monumental (entre la Prefectura de Bullrich y la Policía de la Ciudad de Rodríguez Larreta), cuando una presunta zona liberada durante el ataque al micro del plantel xeneize derivó en la caída del jefe de la Policía porteña, Martín Ocampo.

La seguridad ciudadana exige terminar con estos aparatos descompuestos por medio de una fuerza reclutada bajo control de organizaciones de Derechos Humanos.