Después de la brutal represión para llevar adelante el desalojo a las familias de Guernica, el gobierno provincial volvió a reprimir duramente. En este caso el ejecutor fue el Servicio Penitenciario Bonaerense, y las víctimas, las personas privadas de su libertad en la cárcel de Florencio Varela.

El sábado 31 los detenidos reclamaron por mejoras en las condiciones de alojamiento y el restablecimiento de las visitas familiares presenciales suspendidas en el marco de la pandemia del coronavirus, que el mismo Servicio Penitenciario había prometido restablecer. Esto llevó a que muchas familias viajaran largas distancias hasta los penales y no se les permitió ingresar.

Los reclamos conforman derechos de las personas detenidas que el Estado está obligado a cumplir en el marco de la ejecución de la pena privativa de la libertad. Lejos de considerarlos y poder dar una solución, la respuesta del Servicio Penitenciario fueron los disparos contra los presos, que resultaron gravemente heridos y hasta denunciaron que saquearon y prendieron fuego el Centro de Estudiantes de la unidad.

El penal de Florencio Varela no fue el único: los detenidos alojados Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín sumaron sus reclamos. Vale remarcar que para poder sobrevivir y ante las falencias del Estado, las personas detenidas son abastecidas por las familias, que les proporcionan los alimentos, elementos de limpieza y vestimenta. Ante la suspensión de las visitas, los detenidos han quedado desprovistos de elementos básicos.

A ello se agrega que las cárceles bonaerenses están en crisis desde antes de la pandemia. Existe sobrepoblación carcelaria, debido al uso arbitrario de la prisión preventiva (procesados sin condena -que conforman más del 50 % de la población carcelaria) y una política criminal orientada a la persecución de delitos menores, cometidos por pobres, entre otros motivos. El hacinamiento ha hecho colapsar las condiciones de alojamiento de las cárceles y genera situaciones de violencia, en muchos casos incluso, fomentada por el propio servicio penitenciario, que a su vez, mediante abuso de autoridad hace un uso desmedido de la fuerza.

Incluso, a pesar de la prohibición legal, se continúan utilizando calabozos de comisarías como lugares de detención (con un sanitario para 20 personas). La gravedad es tal que las comisarías bonaerenses solo tienen cupos para 1.021 personas pero se encuentran alojados casi 6.000 personas.

Ante estas condiciones y la falta de higiene -falta de elementos mínimos como jabón, lavandina y alcohol-, es común que las personas detenidas se mueran por HIV, tuberculosis, neumonía, ya que tampoco cuentan con la asistencia médica adecuada (por la escasez de personal médico, medicamentos, alimentos carentes de propiedades nutricionales).

Según los datos de Correpi desde que inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el 20 de marzo de este año, han muerto 234 personas durante la pandemia en cárceles. De esas 234 personas, 53 han fallecido a causa del virus Covid-19: 19 en unidades penitenciarias y comisarías, 23 en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense, 16 en unidades del Servicio Penitenciario Federal, 11 en unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, 3 en unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, 12 en unidades del Servicio Penitenciario de Jujuy, 2 en el Servicio Penitenciario de Mendoza, 2 en el Servicio Penitenciario de la Provincia de San Juan. A esto se suman al menos 3 fallecimientos en dependencias policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación y los reclamos mínimos formulados por los detenidos, la respuesta del gobierno provincial, a cargo del Frente de Todos, fue, nuevamente, el abandono y la represión.

Exigimos que se cumplan las demandas de las personas privadas de su libertad y se garanticen las condiciones de higiene, sanitarias y alimentarias, y se habiliten las visitas de los familiares mediante la implementación de protocolos de prevención del Covid-19 en todas las cárceles del país. Denunciamos la represión sufrida por los detenidos de la unidad de Florencio Varela y reclamamos que se separe a los responsables.

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