La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció desde su cuenta de tuiter el lanzamiento del programa Restituir, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Se trata de una serie de medidas que respaldan a los miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido absueltos en procesos judiciales. La ministra lanzó el programa en un encuentro con once policías que habían sido acusados de cometer asesinatos.

Este programa es parte del reforzamiento de la ´doctrina Chocobar´, es decir, de la legalización del gatillo fácil. Estuvo precedido por el nuevo protocolo dictado por Bullrich para el uso de arma de fuego, dando a las fuerzas de seguridad federales carta blanca para matar, pudiendo disparar por presunción de “peligro inminente”, ante una simple fuga, por apreciación personal de intención de usar un arma aunque no esté a la vista y hasta por el uso de armas por parte de otros, cuando se trata de un grupo de personas. De esta forma, el gobierno pretende limpiar el “buen nombre y honor” de aquellos policías acusados de gatillo fácil, muchas veces absueltos gracias a maniobras jurídicas y a la complicidad de jueces y fiscales. Ahora, muestra el respaldo político a policías que hayan cometido estos crímenes, completando el circuito de la legalización del gatillo fácil y la pena de muerte.  

Precisamente, Correpi relevó quiénes eran los once policías respaldados por Bullrich que acompañaron el anuncio. Con solo ver rápidamente sus casos, se confirma que se trata de una política establecimiento de una virtual pena de muerte para cualquier delito menor.

Por caso, los policías Delgado y Tapia ejecutaron en la oscuridad a Pablo Fernández en su casa en el año 2000. Palacios y Principato fusilaron a Foco, que salió a ver por qué había sujetos armados frente a su casa. Como tenía un arma, sin mediar palabra, le dispararon. Blanco, Munario y Pedrozos dispararon a cuatro jóvenes por el robo de un celular, dos de ellos murieron. Carrizo disparó a dos jóvenes que le robaron el celular, uno murió. La policía Abregú disparó contra dos jóvenes que iban en el colectivo en que ella viajaba, y mató a uno de ellos. Valente le disparó a Tapia en un allanamiento en su casa cuando se despertaba; lo dejaron desangrarse sin atención médica. Murió en el hospital. Céspedes mató de tres tiros en la espalda a un joven subido a una moto y con sus manos en el manubrio tras haber robado $1.500. Narvay mató a un joven por haberle intentado robar con un cuchillo. Según el relevamiento que realiza Correpi, durante el mandato de Macri el aparato represivo estatal ya mató a más de 1.200 personas, sumando más de 5.500 desde el retorno de la ´democracia´.

El reforzamiento de las fuerzas de seguridad se torna necesario para el gobierno en sus planes de profundización del ajuste. Con esta nueva medida, los ejecutores de la represión no deben temer ni siquiera la represalia administrativa.

Cabe resaltar, además, que Macri ha anunciado que la reforma del Código Penal será una de las piezas centrales del discurso de apertura legislativa del próximo 1° de marzo, siendo uno de sus ejes de campaña, en un año electoral. Estas medidas forman dos caras de una misma moneda: electoralismo bolsonarizado y garantizar el brutal ajuste mediante balas.

Rechazamos toda la política represiva del gobierno. Apoyamos los reclamos de justicia por los casos de gatillo fácil y llamamos a reforzar la movilización y organización contra el abuso policial y el gatillo fácil.

¡Abajo la legalización del gatillo fácil y sus autores! ¡Fuera Bullrich! ¡Fuera Macri!