Libertades democráticas
14/3/2025
Bullrich defiende las detenciones ilegales y pretende un estado de excepción
Pretende instaurar una suspensión de facto de las garantías constitucionales.
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Patricia Bullrich.
En una entrevista, Patricia Bullrich salió a defender el megaoperativo brutalmente represivo contra la movilización de jubilados, y las detenciones ilegales. Es la muestra de que pretende instaurar una suspensión de facto de las garantías constitucionales con detenciones sumarias y, para colmo, sin injerencia de la Justicia. Una ilegalidad completa.
Para hacerlo, la ministra alega que los manifestantes estaban armados y que por eso detuvieron a 114 personas. Sin embargo, las imágenes dan cuenta de la brutalidad policial contra manifestantes, transeúntes y hasta menores de edad, y el fallo de la jueza que liberó a los detenidos confirma el enorme marco de irregularidades de este operativo criminal.
No conforme con pegarle a los jubilados, gasearlos, balear fotoperiodistas y dejar un tendal de heridos, la policía de Bullrich se llevó más de un centenar de detenidos. El oficialismo hizo una campaña que incluyó amenazas, el reforzamiento de las atribuciones represivas del Estado para perseguir opositores y una arenga de demonización antiprotestas para la justificar una cacería policial. Ninguno de ellos estaba armado ni "atentando contra el orden público", como quiere instalar la ministra, muchos de ellos eran manifestantes que permanecían en la vereda, gente que pasaba caminando, y hasta niños de 12 años que volvían del colegio.
Esto lo confirmó la jueza de la causa, Karina Giselle Andrade, quien ordenó la liberación de todos los detenidos y sostuvo: "la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a 'los hechos del Congreso de la Nación'. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en 'flagrancia', no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos, con algún tipo de detalle". Y agregó: "estas aprehensiones afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión".
Es la muestra de que la política represiva de Patricia Bullrich se manejó en el marco de la ilegalidad y la anticonstitucionalidad más absoluta, atentando contra todo tipo de derecho humano y libertades democráticas y estableciendo un virtual estado de sitio, lo que incluye el amedrentamiento de la población previo a la convocatoria.
El gobierno además denunció a Andrade por "posible incumplimiento de sus funciones" que tiene por único objetivo amedrentar incluso a quienes se atienen al Estado de derecho.
El atentado del que habla Bullrich, más bien, provino del gobierno criminal que mandó a sus tropas a reventarles la cabeza a jubilados y trabajadores, y que luego llevó adelante detenciones arbitrarias. Los trabajadores tenemos que organizarnos para echar a la banda de represores y corruptos que está en la Casa Rosada y para defender todas las libertades democráticas y los derechos humanos más básicos. Fuera Milei y Bullrich. Arriba la lucha de los jubilados y los trabajadores.
