Según una resolución publicada en el Boletín Oficial, las fuerzas de seguridad -policía, gendarmería y prefectura- de las estaciones de trenes estarán habilitadas para solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) por “presunción de sospecha” a cualquier persona que entre, salga o permanezca en la estación. La medida fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich y busca “prevenir” delitos en el transporte público y detener a personas que ya hayan cometido delitos en los trenes y hoy estén fugadas de la justicia. El mecanismo será similar al sistema que opera en Tribuna Segura en los estadios de fútbol. Las fuerzas de seguridad solicitarán el DNI para escanearlo con una aplicación de celular que mostrarán los antecedentes de la persona.

El pedido de DNI por sospecha (o, lo que es lo mismo, por portación de rostro) es una criminalización de la pobreza, ya que es este sector quien mayoritariamente usa el transporte público. Es un reforzamiento de las atribuciones represivas de las fuerzas de seguridad del gatillo fácil, por parte de la ministra de la doctrina Chocobar que les dio licencia para matar impunemente. Y, por supuesto, no dará un solo paso en el combate contra el crimen, que tiene como principal responsable a las propias fuerzas policiales, coludidas con el delito.

Esta mañana, Romina Del Plá, diputada por el Partido Obrero-Frente de Izquierda, declaró que la medida “significa la persecución a trabajadores y jóvenes que utilizan el transporte público, basada en la Ley de Seguridad Interior (25.059). Recordemos que la portación del DNI no es obligatoria”. Y añadió: “los que alteran la seguridad interior son los banqueros y las patronales que saquean al país. ¿Acaso la Ministra va a pedir el DNI en la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos, la Sociedad Rural o la UIA? No, siendo que hay una larga lista de delitos en cada uno de estos organismos”.

“Este nuevo ‘programa’ –complementó- va en la misma línea de su pedido de mano dura para las organizaciones sociales, al plantear que ante un eventual segundo mandato de Macri, la política social debería dejar de ser ‘políticamente correcta’. Ni pedir el DNI ni aplicar la mano dura contra las organizaciones sociales va a resolver los problemas de trabajadores y jóvenes. Organicémonos contra estos atropellos”.