Este viernes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, presentaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El gobierno presenta esto como una lucha contra el delito mientras viene de hacer aprobar en el parlamento un blanqueo de capitales para que el delito organizado, como el narcotráfico o la trata de personas pueda lavar plata sin pagar un solo impuesto. Con este proyecto, lejos de resolver el problema de la inseguridad, el gobierno busca encubrir a los verdaderos responsables e incrementar la represión hacia la juventud de las villas y barrios populares, mientras refuerza a los peces gordos del delito organizado y el contrabando.

El proyecto detalla que los menores de entre 13 y 18 años que delinquen pueden ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia sostiene: “Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evitando así la responsabilidad penal”. Esto lo dice el ministerio a cargo de Libarona, un abogado reconocido, entre otras cosas, por ser defensor de narcotraficantes. Fue abogado de Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina” y de Sergio Varisco, condenado a 6 años y medio de prisión por vínculos con una banda de narcotraficantes. Incluso en Rosario recuerdan que Cúneo Libarona trabajó con el penalista rosarino Carlos Varela en la defensa de Segovia. Este abogado defendió a otros presuntos narcos famosos como el fallecido Pimpi Camino, ex jefe de la barra de Newell’s Old Boys.

La complicidad del poder político con el crimen organizado es un engranaje fundamental para el funcionamiento de negocios espurios como el narcotráfico y la trata de personas, lo que se ve demostrado hoy por el caso Loan, donde dos funcionarios políticos locales se encuentran detenidos. El desarrollo del narcotráfico en Tigre no habría podido tener lugar sin la complicidad de la gestión de Massa, que estuvo cuatro años al frente de su municipio. Pullaro en Rosario, el amigo de Larreta, fue denunciado por su propia competidora en la interna, Carolina Losada, por proteger a la narco policía santafesina desde su lugar como ministro de Seguridad del gobernador Miguel Lifschitz. Pullaro incluso ha bancado a Alejandro Druetta, jefe de Drogas Peligrosas bajo su gestión, quien fue organizador de una red narco, y podemos seguir con los ejemplos.

Otro engranaje fundamental del delito es la policía, quien garantiza la impunidad de su funcionamiento, hostiga a los pibes de los barrios y los somete a formar parte de entramados delictivos, como fue el caso Luciano Arruga, un pibe al que la policía lo mandaba a robar, y que garantiza el funcionamiento del crimen organizado en los barrios, como hoy lo demuestra el caso Loan, donde el comisario se encuentra detenido por plantar pruebas para desviar la investigación.

Quieren descargar sobre la juventud una responsabilidad por la situación de inseguridad que recae fundamentalmente en el Estado y los partidos patronales. Además, es sabido que solo el 1% de los delitos graves los cometen menores de 18 años. Es una demagogia punitivista que tiene por principal objetivo reforzar la represión contra quienes más sufren las políticas oficiales empobrecedoras, para hacer pasar el plan oficial contra las mayorías populares. En este sentido recordemos que Bullrich viene de presentar la “doctrina Chocobar”, la carta blanca que autoriza a las fuerzas represivas a disparar sin dar la voz de alto, lo que lisa y llanamente constituye una promoción del gatillo fácil.

Este reforzamiento represivo contra quienes luchan tiene su expresión también en el ataque a las libertades democráticas por parte del gobierno nacional, con allanamientos a las organizaciones sociales y piqueteras que organizan a los más pobres, con la brutal represión desatada contra la manifestación que protestaba contra la Ley Bases en el Congreso e incluso con las detenciones arbitrarias e ilegales de manifestantes, de los cuales 5 aún permanecen privados de su libertad bajo acusaciones gravísimas.

Es urgente enfrentar este atropello contra la juventud, el reforzamiento represivo del gobierno y defender las libertades democráticas.

Vanina Biasi: “No vamos a permitir que nos arrebaten las libertades democráticas y el derecho a la protesta”

La diputada por el Partido Obrero en el FIT-U presentó una cuestión de privilegio contra Patricia Bullrich y el gobierno nacional. –

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