El avance estrepitoso de la segunda ola de Covid-19 llevó a un gobierno comprometido a evitar cualquier tipo de restricción que pudiera paralizar la actividad económica a resolver un tibio confinamiento de 9 días. Así fue que Alberto Fernández anunció el jueves 20 de mayo el decreto de una fase 1, que acabaron por arrojar una cifra escalofriante que pasó inadvertida. Durante los últimos siete días de la medida que finalizó el domingo 30 de mayo, hubo siete personas asesinadas por el personal de las fuerzas represivas.

La organización Correpi salió a denunciar: “Siete días, siete asesinatos a manos de las fuerzas represivas: Gianfranco Fleita Cardozo (25) en Don Torcuato, Richard Junior Gómez (25) en Monte Grande, Alejandro “Tino” John (62) en Lago Puelo, Chubut, Juan Francisco Ghergo (29) en el barrio porteño de Saavedra, María José Fernández (36) en La Banda, Santiago del Estero y Victoria Herrera (6) en Virrey del Pino”.

La metodología de estos casos recuerdan a Facundo Castro y otras víctimas como el caso de Fleita Cardozo, que fue golpeado hasta morir de un paro cardiaco por los policías cuando lo detuvieron, o la oscura participación de personal policial en “compras” de productos de dudosa procedencia que desencadena en la muerte del “vendedor” como fuera el caso de Juan Ghergo. Este enorme desarrollo de la escalada represiva contra los trabajadores se producía mientras que, en contraposición, las patronales violaban a su antojo la fase 1 y las restricciones a las actividades económicas no esenciales, o incumplían cualquier tipo de protocolo al interior de los lugares de trabajo.

Desde el inicio de la pandemia venimos denunciando el aumento de la actividad represiva que se desarrolla en los barrios populares del país, el salto a un muerto cada 24 horas en manos de las diversas fuerzas policiales, una vez más que las restricciones, coacciones y la regimentación están destinadas a la población más vulnerable, lejos de una solución a la situación sanitaria, el despliegue de las fuerzas en la calle, constituye un riesgo más en ellas y sus barrios.

En este marco queda demostrado que el fallo de Chocobar, lejos de desmotivar el uso del arma de fuego en la vía pública y contra cualquier persona que califique de sospechosa para el personal policial, no ha producido ningún mensaje desalentador como plantea la derecha, sino que ha verificado una intensificación de esta modalidad.

 

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