Nuestra compañera Jesica Costancio, madre de 4 hijos y trabajadora precarizada de Fundación Santa Cruz Sustentable, se encuentra en estos momentos con una orden de desalojo de la casa que habita desde hace 13 años.

El terreno en el que se encuentra le fue otorgado en la gestión del intendente Fernando Cotillo en el año 2005, en el Barrio Vista Hermosa; al igual que ella, decenas de vecinos fueron ubicados allí por la Municipalidad, ante el reclamo por entrega de terrenos. Sin embargo, antes de las elecciones del año 2007 estos terrenos fiscales fueron otorgados de forma irregular a una inmobiliaria, con la participación de la propia secretaria de Tierras y Viviendas de la Municipalidad, Pamela Pérez. En ese momento, la municipalidad se desentendió y la mayoría de los vecinos se fueron amenazados por los “propietarios” privados. Nuestra compañera  resistió, porque al igual que ahora, no tiene otro lugar donde vivir.

Durante la gestión del intendente José Córdoba se planteó nuevamente el problema, pero luego de las reuniones de las partes no se le rectificó la adjudicación.

El “dueño” de las tierras

Oscar Corres, el  supuesto apoderado de estas tierras –no solo del terreno de nuestra compañera, sino de la mayoría de los que conforman el Barrio Vista Hermosa–, es abogado y fue oficial de la Policía Bonaerense. Formó parte de la ultra derechista Concentración Nacional Universitaria (antecesora de la Triple A peronista que llevó adelante casi un millar de asesinatos de activistas y militantes combativos), y fue denunciado por organizaciones de Derechos Humanos de Mar del Plata por haber asesinado a tiros  a la estudiante Silvia Filler, durante una asamblea realizada en la Universidad de Mar Del Plata; por ese crimen fue detenido, y luego liberado por la amnistía del gobierno de Héctor Cámpora en 1973. Los abogados que acusaron a Corres fueron secuestrados y desaparecidos en la dictadura militar, mientras que este permanece impune por sus crímenes.

En 1992 el gobierno menemista quiso nombrarlo como Juez  Federal, pero la fuerte oposición de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Universidad Provincial de Mar del Plata y el Consejo Inter Universitario Nacional logró frenar su designación. Años después, en 2007, la movilización de organizaciones de Derechos Humanos y la Federación Universitaria Patagónica conquistó su expulsión de la Universidad de Comodoro Rivadavia, donde se desempeñaba como docente de derecho.

Corres se dedicó a hacer negocios espurios con la gestión de Cotillo, que le garantizaron la tenencia irregular de las tierras, y que las gestiones posteriores se negaron a investigar.

Ningún desalojo

Para su propósito de dejar en la calle a nuestra compañera y a sus cuatro hijos, Corres cuenta con el amparo de abogados que fueron a su vez funcionarios de anteriores gestiones municipales, y con la complicidad de una justicia que ha allanado la impunidad de los partícipes de la represión institucional y parapolicial.

Las organizaciones de mujeres, de Derechos Humanos y de izquierda debemos defender a Jésica para que no sea desalojada de su vivienda. Reclamemos la suspensión y revisión de contratos por parte de la municipalidad de estos terrenos, atendiendo al prontuario y tenencia de los mismos, así como el juicio y castigo a Corres por sus crímenes.

Nos colocamos en estado de alerta y vigilia y hacemos responsables a la municipalidad, a la justicia y a Héctor Corres por la integridad física de la compañera, de su familia y de todos los que tomamos esta campaña.

Fuera Corres. ¡Ningún desalojo!

Memoria, Verdad y Justicia.