La cámara criminal ha hecho lugar, en un fallo dividido, al pedido del fiscal subrogante y del Fiscal de Estado para cambiar la carátula por la manifestación frente a la casa de la gobernadora Alicia Kirchner, a fines de abril de 2017, por la de “intento de femicidio” o “intento de asesinato calificado” para los 4 procesados por una protesta que involucró a muchos cientos de trabajadores.

Según los fiscales, la intención de los manifestantes no era reclamar el cobro de salarios adeudados sino asesinar a Alicia Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner y se les antoja que quienes pisaron el jardín en esa protesta realizaban el acto preparatorio de un asesinato y no una protesta social. La pretensión no tiene ningún asidero, y ha sido “descubierta” a más de 6 años de los hechos.
Esa noche, en medio de una provincia convulsionada por la falta de pago de salarios y jubilaciones, una manifestación espontánea de cientos de manifestantes llegó hasta la Casa de Gobierno y hasta la casa de la gobernadora que se encuentra cruzando la calle. Parte de los manifestantes ingresaron a los jardines y se retiraron pacíficamente del lugar después de unos minutos. Poco después, una represión brutal produjo varios heridos.

El fallo es el resultado de una decisión política para criminalizar la protesta en momentos que una extensa lucha docente se encuentra en pleno desarrollo, siendo los acusados activistas sindicales y algunos de ellos delegados gremiales de Adosac.

Esta bravuconada judicial se produce pocos días después de que se proclamaran las listas del Frente de Izquierda donde Gabriela Ance es candidata a diputada y Juan Valentín candidato a gobernador (dos de los procesados), lo que conlleva además una clara persecución política. No deja de ser llamativo que esta persecución política por vía judicial la impulsen quienes se dicen víctimas del “lawfare” por parte de la justicia “macrista” como CFK, que no se animó a ser candidata con la excusa de la persecución judicial.

El uso de argumentos “progresistas” como la perspectiva de género en los procesos judiciales, con el fin de criminalizar la protesta, es especialmente repugnante y banaliza la justa lucha de los movimientos de mujeres y feministas.

Pretenden encarcelar a los procesados

Esta utilización de la “justicia K” con un fallo político tiene un solo objetivo y es que al volver a ser indagados con la nueva carátula y después de un show mediático de Alicia y CFK, puedan ser detenidos y mantenerlos presos hasta el juicio como ya ocurrió en varios casos como el de activistas de ATE que pasaron más de un año presos y fueron luego absueltos. El juicio inevitablemente deberá absolverlos dada la tendenciosa fantasía de la acusación y la absoluta falta de pruebas.

El control político de la justicia por parte del aparato kirchnerista es un peligro concreto para la libertad de las personas, especialmente de las opositoras.

El intento se inscribe en una campaña de amedrentamiento contra los huelguistas docentes, a quienes el gobierno está designándole suplentes para tratar de romper la tenacidad de una huelga histórica.

Campaña Nacional por la absolución de Wasquin, Barrionuevo, Ance y Valentín

Inmediatamente la Adosac se ha expedido en repudio al fallo y ha planteado la necesidad de redoblar la campaña por la absolución de Juan Valentín, Gabriela Ance, Claudio Wasquin y Diego Barrionuevo.

Todas las organizaciones obreras y combativas deben pronunciarse. Es preciso nacionalizar esta denuncia, sumar el reclamo de absolución a los casos graves que se suceden en nuestro país en el marco de la criminalización de las protestas, sumar a los gremios, a los movimientos de derechos humanos y a los movimientos sociales, para desenmascarar las persecuciones políticas del kirchnerismo en Santa Cruz, hasta desmontar esta provocación judicial contra los trabajadores que luchan.