El fiscal José María Campagnoli denunció a la procuradora Alejandra Gils Carbó por filtrar información a los servicios de inteligencia en ocasión del secuestro de Alfonso Severo, uno de los testigos de la causa por el crimen de Mariano Ferreyra.

Severo no llegó al estrado judicial debido a que había sido secuestrado en las horas previas a su declaración el 4 de octubre de 2012, un hecho que conmovió al país y que provocó una movilización espontánea en Plaza de Mayo para que apareciera con vida. Ahora, Campagnoli acusa a su propia jefa Gils Carbó de haber entregado información del caso a “Jaime” Stiuso. Para algunos, se trataría de una revancha del fiscal, que había sido denunciado a su vez por Gils Carbó por “extralimitar” sus funciones en el caso que investiga la corrupción de Lázaro Báez.

Alfonso Severo debía declarar en el juicio que investigaba el asesinato de Mariano Ferreyra, pero nunca llegó. Según su versión y la de sus familiares, estuvo secuestrado durante veinte horas. Rapareció amarrado con un precintado en sus muñecas en una remisería de la zona sur. El caso nunca se esclareció.

El kirchnerismo primero hizo correr la versión de un supuesto “autosecuestro”, pero cuando Severo reapareció con declaraciones favorables al gobierno, en un giro sorprendente, pasó a ensalzarlo como si se tratara de un héroe y a vincular su desaparición… con la aplicación de la ley de medios.

A su turno, a instancias de Gils Carbó, el fiscal Campagnoli inició una investigación de la cual concluyó que se había tratado de un operativo de los agentes de la SIDE, en base a la requisa de las antenas de telefonía celular, mediante las cuales había logrado establecer que en las inmediaciones del domicilio de Severo se habían prendido los teléfonos de, por lo menos, dos miembros de la SIDE. Según el fiscal, serían las mismas personas que habían sido fotografiadas durante los incidentes del desalojo del Parque Indoamericano en 2010. Sin embargo, la Cámara del Crimen de la Provincia de Buenos Aires desestimó la hipótesis del fiscal por carecer de “significado probatorio real”. 

Las denuncias de un lado y otro sólo indican una certidumbre: el campo en el que se mueve el Estado, impregnado por la podredumbre.