Desde que en enero un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires avaló que la policía pueda requerir documentos y requisar pertenencias personales a los transeúntes por “portación de rostro”, centenares de jóvenes fueron sometidos al verdugueo de metropolitanos y federales como en la época de los edictos policiales.

El fallo de la Corte porteña revocó dos fallos de primera instancia que habían anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación Constitución, después de que le fuera requerida su identificación y él mismo admitiera que portaba un arma de fuego. Al legitimar este procedimiento, la policía se encuentra nuevamente con las manos liberadas para demorar “sospechosos” en la vía pública. El fallo de la Justicia porteña se encuentra apelado y será examinado por la Corte Suprema de la Nación.

Detrás de las “nuevas-viejas” prácticas policiales se encuentra el aval también del poder político, que agita el fantasma de la “inseguridad” para reforzar el control policial de la calle, junto al “protocolo” represivo. Obviamente, también constituye un espaldarazo a la institución policial, unida indisolublemente al crimen organizado a lo largo y ancho del país.

La decisión del máximo tribunal de la Ciudad coincide con los 25 años del crimen de Walter Bulacio. Walter tenía 16 años cuando fue detenido en la entrada del estadio Obras poco antes de un recital de Los Redonditos de Ricota. Murió pocos días después, debido a un aneurisma provocado por los golpes que recibió en la comisaría. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha contra los abusos policiales. El comisario responsable fue condenado recién 22 años después a una pena de tres años de prisión en suspenso.

Las movilizaciones por justicia para Walter -que tuvieron un gran impacto en la juventud de aquella época- derivaron tiempo después en la derogación de los edictos policiales, que autorizaban todo tipo de detenciones arbitrarias y otorgaban a la policía facultades propias de los jueces. Los viejos edictos, sin embargo, fueron reemplazados por “códigos contravencionales” y otros reglamentos represivos que continúan otorgando amplias facultades para que la policía actúe a discreción en el “control de la calle”. El gobierno de Macri quiere “reconciliar” a la ciudadanía con la omnipresencia de la policía y de las fuerzas de seguridad, aunque su mirada no está puesta en carteristas y arrebatadores sino en las luchas contra el ajuste y los despidos.

Por su parte, los gobiernos K organizaron “Jornadas contra la Violencia Institucional”, que fueron el taparrabo de la continuidad de la policía brava tanto en Capital como provincia. De los 4.644 casos de “gatillo fácil” y muertes en cárceles y comisarías, 3.070 corresponden a los gobiernos kirchneristas, según el informe de la Correpi correspondiente al año 2015. Los K fueron, además, los responsables de saturar los barrios del sur de la Ciudad y del conurbano con Gendarmería y Prefectura. Durante la campaña, Daniel Scioli se comprometió públicamente a ejecutar el traspaso de la Federal a la Ciudad, en caso de resultar electo presidente. La “seguridad democrática” de los nac & pop consistió en el desarrollo de los programas de espionaje y delación como el Proyecto X.

En este cuadro, los compañeros de Correpi -abogados militantes de la causa por el crimen de Bulacio- lanzaron la convocatoria a organizar una gran marcha a Plaza de Mayo contra las detenciones arbitrarias y los abusos policiales al cumplirse estos 25 años. Es una lucha que mantiene toda su vigencia.

Desde el Partido Obrero y Apel aportaremos nuestro impulso a esta iniciativa.