Esta semana se realizó una nueva audiencia del juicio contra Horacio Luis Castillo y once genocidas más, por las aberraciones que cometieron en dos centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Estos genocidas fueron integrantes de las brigadas de la policía bonaerense del circuito Camps, que estuvieron a cargo de Miguel Etchecolatz.

El Tribunal Oral Criminal Federal N°1 de La Plata, a cargo del juez federal Ernesto Keplacm, tiene la responsabilidad de juzgar y condenar al exoficial. “En ‘El Infierno’ (Avellaneda), su actividad se desarrolló en dos periodos: del septiembre de 1973 a agosto de 1976 y marzo de 1977 a febrero de 1979. (…) Mientras que, desde agosto de 1976, y durante ocho meses, estuvo vinculado a la División Delitos contra la Propiedad, que funcionó en el Pozo de Banfield” (Agencia El Vigía, 15/2).

Castillo es acusado de torturas, homicidios, abuso sexual y apropiación de niños, y por la desaparición forzada de personas. Valeria del Mar Ramírez, sobreviviente, dijo que a sus veinte años, luego de una razia policial, terminó en el Pozo de Banfield. “Vi a los que nos violaban y torturaban, y ahí me enteré que había un casino clandestino. Y un día me estaba bañando y vi aparecer una chica muy flaquita que recién había parido, le dijeron que ‘limpiara toda esa mugre’ y yo la ayudé, le di una mano y cuando me vieron dijeron ‘que hace ese puto ahí’. De esa manera me enteré que también había una maternidad clandestina” (El Extremo Sur 1/5/2022).

Tres años después del retorno de la democracia, en 1986, Castillo se retiró de la fuerza policial con el rango de comisario, sin que ninguna investigación ni sumario administrativo pesara sobre él. Luego de eso, se hizo cargo de la dirección del colegio secundario “San Diego” de Wilde. Durante 36 años desarrolló esa tarea, avalado por los gobiernos nacionales, provinciales y por el Municipio de Avellaneda.

Muchos exestudiantes, al anoticiarse de su separación y detención domiciliaria, comenzaron a publicar en sus redes sociales relatos de su trato cotidiano. “Ese tipo me llevó de viaje de egresados. Ese tipo me llevó de campamento. No dejaba que lleváramos caramelos. Si hablabas a la noche, marcaba tu carpa y el domingo lavabas los platos de todo el campamento. ¿Qué sutil todo, no? (…) Esto tan cruel de la convivencia, de la impunidad, del silencio cómplice y la justicia lenta. Castillo vivió toda su vida a cuadras de mi casa. Iba todas las mañanas al colegio con un semblante difícil de describir” (Página 12, 5/6/2022).

A pocas semanas de cumplirse 47 años del golpe, la lucha por memoria, verdad y justicia sigue vigente. Tanto “El Infierno” de Avellaneda como el “Pozo de Banfield” funcionan como museos, pero los archivos de la última dictadura siguen bajo llave. Su pública apertura son necesarias para conocer, no solo las aberraciones cometidas, sino también qué sectores civiles acompañaron política y económicamente el golpe. Sectores que décadas atrás apoyaron el golpe y aplaudían los carteles hoy se rasgan las vestiduras en defensa de la democracia.

Los gobiernos tienen que explicar por qué permitieron que un represor, torturador y criminal ejerza como director en una institución educativa.

No a la domiciliaria de Castillo. Cárcel común ya. 30 mil compañerxs detenidxs y desaparecidxs, presentes, ahora y siempre. Ni perdón ni reconciliación.

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