El macrismo protagoniza un ataque en regla contra los migrantes que incluye desde el cierre de dependencias que se ocupan de los problemas de estas comunidades hasta la proyección de una cárcel para extranjeros, una verdadera aberración que da cuenta del tenor de este ataque. En agosto, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio por el que este último cedió un inmueble en el barrio de Pompeya para la creación de una cárcel exclusiva para migrantes. En la página de la dirección de Migraciones el proyecto se anunció con el título de “complementariedad estatal contra la irregularidad inmigratoria”, que luego fue modificado por otro que hace alusión a la aplicación de la ley migratoria.

La cárcel exclusiva para migrantes fue criticada duramente porque “en estos lugares lo que pasa es que no se respetan las garantías correspondientes y tiene un fuerte impacto en lo que significa la criminalización de la migración”, según Agostina Hernández Bologna, abogada e integrante del Programa de Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús (Notas.org, 25/8). Por otro lado, personas que no han cometido ningún delito más que tener alguna irregularidad administrativa serán tratadas como delincuentes.

Para complementar este ataque a los trabajadores migrantes, el gobierno ha retirado los puestos de migraciones en las villas donde se concentran los migrantes bolivianos, paraguayos y peruanos. Asimismo, el nuevo Director de Migraciones, Horacio García, terminó el programa de regularización documental y se incrementaron exponencialmente los operativos en la búsqueda de migrantes ilegales.

En el año 2004, el Congreso Nacional aprobó una ley migratoria que el kirchnerismo se ufanó por ser tomada como “ejemplo internacional” como “un nuevo paradigma en la protección de derechos”. Esa ley fue reglamentada en el año 2010 y modificada en muchos artículos que la vaciaron de “protección de derechos”. Por ejemplo, en el artículo 6to planteaba que el Estado debía asegurar el acceso al sistema social de los migrantes y sus familias, pero en la reglamentación final dice que los organismos encargados “velarán” por ello. Otro artículo, que planteaba acciones tendientes a eliminar la contratación de migrantes en situación irregular y la sanción a los empleadores, ni siquiera fue reglamentado. En lo que refiere a la detención de personas, la ley no planteaba plazos. En la reglamentación, el período por el cual una persona puede ser detenida es prácticamente indefinido, ya que se iría renovando por pedido del juez y deja a criterio del poder político los pedidos de retención de personas en situación irregular sin necesidad de que pese una resolución de expulsión en su contra.

Nos encontramos frente a un reforzamiento del aparato represivo del Estado que tiene como objetivo perseguir a la población migrante trabajadora superexplotada. Esta persecución se manifestará en el crecimiento del trabajo en condición de esclavitud para escapar de los operativos, no ser cazados ni encarcelados. Mientras miles de trabajadores son expulsados de los talleres y obras por falta de trabajo, otros no logran conformar un salario que cubra la canasta básica, ya que muchas veces está constituido por el pago por prenda. Otros que cobran por día y en negro deberán aceptar un pago menor antes las amenazas de sus empleadores. El gobierno aplica la legislación K para establecer un Estado de terror sobre la población migrante. Estos trabajadores son los que encuentran en la organización y la lucha un camino para resistir el ataque a sus condiciones de vida, son los que se acercan a las filas del movimiento piquetero en la lucha por trabajo.

En el Bajo Flores empezamos a organizar asambleas de migrantes para discutir esta situación. A la primera reunión que realizamos se acercaron varios compañeros textiles y del Polo Obrero. Necesitamos redoblar la organización para frenar el ataque del gobierno, que es parte de un ataque más general contra la clase trabajadora.