Por estas horas se produce un acampe frente a la Corte Suprema de Justicia. Familiares de detenidos, exdetenidos, docentes de cárceles y diversos organismos protagonizan una protesta que continúa el 2 de febrero en los tribunales de San Martin.

Recordemos que el 5 de noviembre pasado familiares de presos protestaron en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para exigir que se concretara el retorno de las visitas a las unidades penitenciarias que se habían suspendido a inicios de la pandemia. El jefe del servicio penitenciario bonaerense, Xavier Areses, había comunicado que se reanudarían pero no pudo concretarse porque no había solicitado la aprobación de los protocolos necesarios. A último momento suspendió las visitas generando protestas brutalmente reprimidas en varias unidades de las provincias. Cabe destacar que no hay ninguna persona procesada por esta represión y Areses sigue en su cargo como si nada hubiese sucedido.

La situación de los detenidos es alarmante no solo en Buenos Aires; por ejemplo en Corrientes la unidad penitenciaria de San Cayetano viene siendo noticia no solo por la enorme cantidad de casos de covid sino también por el asesinato a golpes de un interno, Héctor García de 20 años, a manos de agentes del servicio penitenciario cuando estaba exigiendo hisopados para él y sus compañeros el 13 de enero pasado. Este asesinato se suma al de Kevin Candia quien fue baleado por agentes penitenciarios en el marco de la represión a las protestas de abril del 2020 en la Unidad 1 de esa provincia.

En el sur del país la situación también es gravísima. La unidad 14 de Esquel fue noticia por tener uno de los mayores números de contagios reconocidos oficialmente: 111 internos contagiados para mediados de enero.

Los reclamos de familiares y amigos de detenidos tienen que ver con exigir condiciones dignas de detención y también respuestas frente a los pedidos de ejecución de la pena, salidas transitorias, anticipadas, morigeración de penas, etc. La aplicación de estos “beneficios” descomprimiría el nivel de hacinamiento de las cárceles tanto en el territorio nacional como de la provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que en las cárceles bonaerenses hay una superpoblación mayor al 100%. Está claro que la orientación de los gobiernos, tanto nacional como provincial, no tiende a remediar esta situación; la construcción de alcaldías y cárceles, en el marco del plan de Infraestructura Penitenciaria, solo demuestra la voluntad de continuar con los niveles actuales de prisionización y no busca mejores condiciones para las personas detenidas.

Son alrededor de 15 mil presos quienes podrían acceder a los beneficios y no reciben respuesta, agravada la situación porque la prisión preventiva en nuestro país es la regla y no la excepción.

Por la aplicación y el cumplimiento de los protocolos necesarios para garantizar la salud de los detenidos y sus familiares.

Atención medica de calidad para los detenidos.

Por una respuesta a todos los pedidos de ejecución de la pena presentados.

Basta de represión en las cárceles y separación de todos los funcionarios responsables.

Justicia por Héctor García y Kevin Candia.

https://prensaobrera.com/salud/las-patentes-los-contratos-confidenciales-y-la-monopolizacion-de-la-vacuna/