Este 6 de abril se cumplieron 26 años de la aparición del cadáver del soldado Carrasco en el predio del ejército en Zapala, había sido asesinado un mes antes (el 6/3/94) y su cuerpo ocultado dentro de las instalaciones del batallón de Zapala. Un crimen que conmocionó al país y que apresuró la eliminación del servicio militar obligatorio. Las circunstancias de su asesinato, así como el encubrimiento de este, implicaban la participación de jefes militares. Lo cual motivó un inmenso operativo mediático de desinformación (recordar al ministro de Defensa, Oscar Camilión, hablando que el cuerpo había aparecido “en medio de la estepa patagónica”, cuando en realidad se lo halló dentro del predio del ejército) y de operativos de encubrimiento de las máximas jerarquías de las fuerzas armadas y el poder político (el presidente Menem y su gabinete), sobre los cuales pesaba la acusación de la defensa.

Ese mismo año del crimen, con el pretexto que la causa llegue a juicio oral con mayor rapidez, fue desdoblada en causa Carrasco I y causa Carrasco II. En la primera se juzgaba a los acusados por la ejecución directa del crimen (el teniente Canevaro y dos soldados) y en la otra causa se juzgarían los responsables políticos, que iban desde generales, coroneles y otros oficiales del cuartel, hasta el comandante en jefe del ejército, general Balza (premiado por Néstor Kirchner con la embajada en Colombia en 2003) y el ministro de Defensa Oscar Camilión.

En el año 2005, once años después, se declaró la causa Carrasco II como prescripta, y por lo tanto no hubo ninguna condena para las responsabilidades políticas: "En el caso Carrasco hay un momento crucial: cuando se decidió desdoblar la causa e investigar por un lado el homicidio y por el otro el encubrimiento. Nada impedía investigar todo junto, como es de práctica. Así, se impidió llegar a los responsables superiores" (diario Río Negro, 16/6/2005).

Surge así el argumento, cuestionable, de que en un crimen la ejecución práctica del mismo puede ser tratada por cuerda separada de la autoría y dirección intelectual del mismo. 

El tratamiento en la causa por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, la oposición de la querella al desdoblamiento de la causa mostró la efectividad y la riqueza argumental y política con la cual se puede imputar y lograr condena de los responsables políticos.

Pero la defensa de la causa Fuentealba no había aprendido, o no quiso aprender, del caso Carrasco.

Sin independencia política no hay “justicia completa”

Todos en Neuquén, y en especial los abogados, conocíamos al momento del fusilamiento de Carlos el significado del desdoblamiento de las causas del caso Carrasco. Cuando la Fiscalía impulsó el desdoblamiento y el juez Piana lo ejecutó, la querella que representaba en ese momento a la familia de Carlos no se opuso, con el argumento de que una condena al actor material facilitaba el proceso hacia una condena en la causa II. Muchos, entre los que se encontraban el Partido Obrero y Tribuna Docente, nos opusimos a ese argumento de la defensa, basados en la experiencia del caso Carrasco.

Siempre con ese argumento de facilitar la acusación a Sobisch en la causa II, la querella convocó como testigo al exgobernador en la causa que trataba la responsabilidad del policía Poblete, que fue quien jaló el gatillo. Lo cual puso en una contradicción a la querella ya que, en un mismo crimen, cita a Sobisch como testigo para después pretender imputarlo, sin garantías ninguna de un proceso posterior con nuevas pruebas que pudieran cambiar el carácter del fusilador, de testigo a imputado, basado en un escrito donde solicita investigar “otras conductas” ante la “sospecha probable” de determinar el proceder de Poblete.

No hay ninguna duda de que así ha sido, pero se trata de probarlo ante una justicia amnistiadora del poder. Y para vencer ese obstáculo, la querella presentó un escrito endeble.

Como sabemos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró extinguida la acción penal por agotamiento de plazos, sin que Sobisch se sentara jamás como imputado en el banquillo.

La querella, con otro abogado defensor, fue en queja ante la Corte Suprema de la Nación, la cual hace un año atrás, en base a un dictamen de la Procaduría General de la Nación, falló por unanimidad y dejó sin efecto la sentencia absolutoria y manda que “se dicte un nuevo pronunciamiento”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ratificó, entonces, “la vigencia de la acción penal en la causa Fuentealba II”, aunque determinó que dicha acción penal se debe limitar a las personas querelladas durante la instrucción.

Ha pasado un año ya del fallo de la Corte, y más de seis meses del fallo de TSJ. Una audiencia prevista para estos días ha sido suspendida por la pandemia. 

En este engorro jurídico-político, es una posición de impotencia la confianza en los estamentos del régimen burgués, aun cuando se enmascaren como “progres”. En ese sentido las recientes declaraciones del secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, no apuntan hacia un planteo correcto por “justicia completa”, ya que le exige al Ministerio Público Fiscal que “de una vez por todas, se ponga al frente de la investigación” y “definitivamente acompañe a las víctimas y se abra un proceso de juicio oral y público" .

Pero el Ministerio Público Fiscal de su momento impulsó el desdoblamiento de la causa y solicitó hace apenas cuatro años junto a la defensa de los imputados, la prescripción de esta. 

La investigación (instrucción) está cerrada y dicho Ministerio ha dado sobradas muestras de no colocarse del lado de las víctimas. 

Las próximas asambleas de Aten deberán tomar cartas en el asunto.