En Córdoba las luchas de lxs trabajadores por salarios y jubilaciones cuestionan el eje de la política de ajuste de Martín Llaryora. La pérdida de poder adquisitivo guarda estrecha relación con la caída del consumo y el crecimiento del endeudamiento de las familias -según el Centro de Almaceneros el 91% de hogares está endeudado.

Así las cosas, la defensa de salarios y jubilaciones es la base material que motoriza la protesta callejera, y muestra que el acuerdo del SEP (Sindicato de Empleados Públicos) con Llaryora no clausuró la lucha salarial en Córdoba. Es en este cuadro concreto, que el gobierno quiere imponer una ley antipiquetes, en la línea de la ministra nacional Patricia Bullrich.

Bien visto, el cordobesismo no se diferencia del gobierno de Javier Milei, puesto que ambos quieren mantener el retraso salarial y jubilatorio y las subas de impuestos y servicios, criminalizando la protesta social que crece día a día frente a la política de motosierra que aplican quienes gobiernan.

Cabe tener en cuenta que, semanas atrás, la Cámara de Acusación de la provincia resolvió por unanimidad absolver a Emanuel Berardo, Soledad Díaz y otros imputadxs por marchar contra el hambre en el marco de la jornada nacional piquetera de 2023. El fallo fue arrancado con la movilización popular, en la que vale destacar la decidida acción del Polo Obrero que continuó en la calle, a diferencia de otras organizaciones que se guardaron, o peor aún, pactaron con el gobierno.

Esta victoria popular llevó a que las patronales agrupadas en el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) montaran en cólera. El titular de la Bolsa de Comercio afirmó a Cadena 3 que el sobreseimiento "era una señal equívoca". Días después, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero (ex juecista, vecinalista, y ahora cordobesista) pidió por una ley antipiquetes, en línea con el protocolo inconstitucional que aplica Bullrich. Las recurrentes fotos del funcionario provincial con la ministra nacional tienen además un claro tinte electoral.

El radicalismo y La Libertad Avanza rápidamente salieron a competir con el ministro, afirmando que ellos habían presentado proyectos para cercenar el derecho a la protesta. Es evidente que la carrera derechista de oficialismo y oposición tiene como meta mostrar quién puede presentarse como el mejor defensor de los intereses capitalistas.

En esa ruta, diferentes medios de comunicación y columnistas están realizando prácticamente una campaña contra la movilización popular. La Voz del Interior utiliza recurrentemente el clásico: “caos de tránsito en Córdoba por marchas y asambleas”, argumentos similares esgrimen El Doce TV, Mitre, y por supuesto la Derecha Diario. Cualquier similitud con el cuadro nacional no es pura casualidad.
Se sabe, las patronales de las empresas de comunicación reciben pauta de quienes gobiernan, lo que ayuda a entender por qué hay columnistas que hace rato “olvidaron” aquello de que "el periodismo es una herramienta para la verdad y la justicia" que se repite en la Facultad de Comunicación.

Los mismos medios que lincharon mediáticamente durante meses a luchadores populares, imputadxs por luchar contra el hambre y la miseria, luego de su absolución, les negaron el derecho a réplica. Otro “olvido” que guarda estrecha relación con los intereses materiales a los que las empresas de comunicación sirven.

Cabe recordar que el juez de control Fernández López, a pedido de las patronales de comercio emitió un fallo fascistizante en el que “recomienda utilizar la inteligencia policial para 'cortar la cabeza' de los líderes de las organizaciones sociales”, según reconoce La Voz del Interior.

Contra esta pretensión, en la sentencia absolutoria dictada en la “Causa Berardo y otros”, fue la propia Justicia la que indicó que se debería denunciar a los responsables de esta persecución política, que no son otros que los fiscales, la policía y el propio gobierno, tal cual fue planteado por la representación jurídica de los doctores Claudia Ferrero y Jorge Navarro.

La sentencia en la que se sobresee a Berardo y Díaz, entre otros, establece que no hay colisión de derechos. El fallo emitido por los integrantes de la Cámara se centra en garantizar el derecho a la protesta y a peticionar contra las autoridades, y expresa abiertamente que marchar no constituye delito.
Lo descrito es elemental. Sin embargo, los políticos capitalistas, en modo Milei, quieren imponer un ataque a la democracia y a la libertad de protesta, aun cuando tengan jurisprudencia en su contra. El sobreseimiento prácticamente dejó de lado el protocolo anti marchas, que en su momento impulsó el juez Fernández López. Si, a pesar de esto, se insiste en elevar a juicio a la “causa Berardo y otros”, es claro que el gobierno contrataca.

Esto, en momentos en que un fallo judicial suspendió provisoriamente la anulación del derecho de huelga con la que el gobierno de Milei pretendía frenar la protesta de los trabajadores que se está encendiendo desde abajo. Es precisamente contra esa tendencia a la movilización que quienes gobiernan quieren derrotar a los trabajadores, apelando a la regimentación y la represión.

En oposición a esta política fascistizante de quienes gobiernan, contra la criminalización de la protesta y por la satisfacción del conjunto de reclamos populares, el próximo 12 de junio en el sindicato de Luz y Fuerza sesionará un plenario de trabajadores y la juventud. Sin dudas será una gran instancia para resolver un plan de acción porque el derecho a la protesta se defiende en la calle. Luchar no es delito.

La lucha docente en Córdoba

La importancia de la movilización del 20 de mayo y el plenario de trabajadores. -

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