Elisa “Lilita” Carrió volvió a reclamar la impunidad para los genocidas que actuaron durante la última dictadura cívico-militar. Fue en una entrevista realizada en el programa Desde el Llano, conducido por Joaquín Morales Solá, donde sostuvo que “me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver” y preguntó retóricamente “¿Cómo un cabo de 19 años puede desobedecer a (el ex jefe del Ejército Cristino) Nicolaides?”. Asimismo, la diputada nacional de Cambiemos agregó que  según ella “los derechos humanos son para todos. No creo en la venganza, no puede ser que haya gente tan grande en la cárcel”.

Lo que Carrió pretende es un nuevo indulto. Recordemos que los genocidas primero fueron beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y que cuando estas fueron derogadas se mantuvieron los indultos del menemismo. Es por esto que Videla fue condenado no por haber sido integrante de la Junta Militar sino por una causa de apropiación de bebés. Como consecuencia se estableció lo que los militantes por la defensa de los Derechos Humanos denominan la “impunidad biológica”: una enorme cantidad de genocidas mueren impunes mientras que ex detenidos fallecen sin que sus casos sean juzgados. Este tortuoso ritmo judicial contrasta con la celeridad con que actúan los jueces y fiscales cuando se trata de penalizar a trabajadores que luchan, para criminalizar a la juventud, o el reciente fallo que condenó a Mariana Gómez a un año de prisión por besar a su novia en la estación Constitución.

Así las cosas, luego de más de 40 años fueron condenados menos de 600 genocidas, cuando durante la dictadura funcionaron al menos 600 centros clandestinos de detención y exterminio, es decir un promedio de un represor por centro clandestino. Carrió pretende revisar incluso estos juicios a cuentagotas, en busca de una impunidad total. Es la misma línea que sostuvo Macri en el acto del Día del Ejército, cuando llamó a “dejar atrás el pasado y mirar para adelante”, y por supuesto del 2×1 para excarcelar a los genocidas; una orientación que entronca con el reforzamiento represivo en curso. Gómez Centurión, el candidato facho que disputa para eliminar toda referencia oficial a los 30.000 desparecidos, fue funcionario del macrismo desde los primeros días de su gobierno.

El planteo de Carrió busca vestir al lobo de cordero. Con sus afirmaciones presentando a los genocidas como viejos indefensos, esconde el rol que continúan jugando los represores por sus vínculos con el poder y las fuerzas represivas. Julio López fue desaparecido por segunda vez en 2006 tras testificar contra Miguel Etchecolatz, el “viejo” que luego fuera beneficiado con prisión domiciliaria, rectificada posteriormente por la lucha popular. El beneficio de las domiciliarias ha sido una constante ya desde los años del kichnerismo, cuando el 40% de los genocidas gozaba del mismo.

Las declaraciones de “Lilita” representan la agitación, en el marco electoral, de una línea “bolsonarista”. No obstante, otros funcionarios del gobierno han salido a desmarcarse, conscientes de que ello puede volverse en su contra, a la luz de que toda su política de reconciliación con los genocidas se estampó contra las impresionantes movilizaciones populares que revirtieron el 2×1 o que coparon las calles cada 24 de marzo.

Seguiremos en las calles por la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.