¿Qué podríamos decir de la conducta delictiva de la Policía que Ud. no sepa?

 

¿Qué podríamos agregar sobre la corrupción de los partidos políticos que durante las últimas décadas han gobernado este país, o sobre la corrupción de jueces y fiscales, que no esté en su conocimiento?

 

El régimen de explotación económica divide tajantemente la sociedad en clases; no obstante, las comisiones de familiares de víctimas de la impunidad desde la angustia y el dolor nos preguntamos: ¿la pérdida de un hijo, a quién le duele más, a un comerciante, a un empresario, a un obrero? La respuesta es incuestionable.

 

Quienes quieren discriminar intentan dividir sectorialmente a las víctimas de la barbarie estatal, y de esta manera pretenden disolver la responsabilidad que les cabe al gobierno, al Poder Judicial, a legisladores, intendentes y al brazo armado del Estado ejecutor de delitos y violencia contra más de 1.100 jóvenes solamente en los últimos cuatro años. Los secuestrados, torturados y asesinados en 20 años de democracia suman más de 2.400 casos. Los asesinos y los mentores intelectuales de estos crímenes, en su inmensa mayoría, son protegidos del Estado y han sido ayudados por él para eludir la cárcel.

 

La última dictadura militar genocida instaló una modalidad para delinquir, secuestrar y asesinar. Exigía a las seccionales policiales “zonas liberadas”. Hoy no hay delito que se cometa, desde el robo de un kiosco, el arrebato de una cartera, hasta el asalto a un banco, sin logística profesional, con armas alquiladas para la ocasión y con la tradicional “zona liberada”.

 

Los barrios pobres están sometidos a la patota criminal de ladronzuelos violentados por la droga y organizados por la comisaría del lugar. Los barrios ricos son hoy la presa favorita de estas mafias parapoliciales sedientas de la vida de reyes que viven los que ordenan la ejecución de esta política de Estado.

 

El enriquecimiento escandaloso de funcionarios, legisladores y jueces no le mueven un pelo al gobierno de Kirchner ni a todos los gobiernos provinciales.

 

Las causas abiertas a 149 oficiales y comisarios de la Policía (ricos de la noche a la mañana) han merecido de parte de este gobierno un seco “archívense”, pues detrás de ellos están los escuadrones de la muerte y la red de complicidad entre los poderes que encubren las sistemáticas amenazas a testigos, familiares y amigos de las víctimas.

 

Con un Estado nacional en completa descomposición, que masacra a las familias más humildes con desocupación masiva y el total deterioro de los sistemas de salud y educativo, la inseguridad pública se resuelve:

 

– Disolviendo los aparatos de represión, tanto federal como bonaerense, y sus similares provinciales, con más de 70.000 agentes. Disolviendo a las agencias de seguridad privadas (más de 40.000 guardias).

 

– Organizando el control y la protección de la ciudadanía, mediante asambleas populares y la elección pública y popular de jueces y fiscales.

 

– Con cárcel inmediata y perpetua para los asesinos del gatillo fácil y sus cómplices, intendentes, legisladores, jueces o fiscales.

 

– Con la defensa de las conquistas obreras y todas las reivindicaciones populares. Aumento de salarios y trabajo genuino.

 

– Con la defensa de las libertades públicas e individuales. Abajo la represión y el estado de sitio. Fuera el plan de seguridad y justicia del gobierno.

 

– Con el desprocesamiento de todos los luchadores populares.

 

La realidad demuestra, sin dudas de ninguna naturaleza, que la política de “mano dura” y de los llamados “garantistas” ha jugado un rol preciso: proteger y preservar a las mafias del Estado y de las fuerzas de seguridad. Nadie está a salvo de estos criminales.

 

• Basta de amenazas y persecuciones a testigos y familiares de víctimas del gatillo fácil y la impunidad.

 

• Juicio y castigo a los asesinos.