En el día de la fecha se efectuó la Audiencia ante la Sala I de Casación Penal, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa, quienes deberán decidir sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones Federal que revocó la libertad de Cesar Arakaki y Dimas Ponce, otorgada al momento de su procesamiento por el juez Torres.

El fallo apelado se caracteriza por su irracionalidad, además de ser arbitrario. En enero, el juez Torres dispuso la excarcelación de César y Dimas, quienes pasaron entre un mes y quince días detenidos respectivamente, aunque los mantuvo procesados por intimidación pública “y “atentado a la autoridad”, entre otras imputaciones. Un mes después, la Cámara  de Apelaciones redujo estas acusaciones a delitos menores, ordinarios y excarcelables, pero al mismo tiempo ordenó su prisión preventiva, con la acusación de que “podrían obstaculizar la marcha de la causa”.

Ninguno de los dos tiene antecedentes penales y ambos cumplieron todas las exigencias impuestas por el juez a partir de su liberación. Por otra parte, la imputación de una supuesta “obstaculización de la causa” carece de cualquier sentido, pues la instrucción de la causa concluyó.



 

Las abogadas defensoras de los compañeros, Claudia Ferrero y Liliana Alaniz, de Apel, hicieron hincapié en la irracionalidad del fallo impugnado. Los compañeros han sido procesados por los delitos de lesión en agresión en concurso ideal con atentado agravado a la autoridad, lo cual tiene una escala penal máxima de 4 años. Si fueran juzgados y condenados, en su carácter de personas sin antecedentes, la condena seria condicional, por lo cual privarlos de la libertad durante el proceso implicaría una condena anticipada antes del juicio, lo cual es inconstitucional, pero además conformaría una pena privativa de la libertad, que los injustos por los cuales serán juzgados no contemplan.

Estuvieron presentes en la audiencia, acompañando a César y Dimas, representantes de los organismos de Derechos Humanos, encabezados por nuestra querida y siempre presente Nora Cortiñas; María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, de Correpi; Carlos Platkowski,  del CePRODH; el "Sueco" Carlos Lordkipanidse,  de la AEDD; Martin Alderete, del Cadep; y Juan Palomino, Enrique Dumont e Iván Moschner, de la Asociación Argentina de Actores; además de dirigentes políticos, familiares y amigos.

Esperamos que los jueces de Casación revoquen la pretensión de privar a César y Dimas de su libertad, ya que su cercenamiento lejos está de cualquier aplicación legal y sólo constituye un intento de aleccionar en sus personas a la movilización popular del 18 de diciembre y su resistencia ante la reforma previsional. Caso contrario, dejarán al desnudo que los jueces que revocaron su libertad en realidad tienen como finalidad aplicar un castigo “ejemplificador”.

Es necesario asegurar la libertad de Dimas y César, en la perspectiva de los nuevos atropellos que acarreará el pacto del gobierno con el FMI.